El expresidente de la República, OllanTa Humala y su esposa, Nadine Heredia, fueron acusados por el delito de lavado de activos provenientes de Venezuela y Brasil por el fiscal del Equipo Especial Lava Jato, Germán Juárez Atoche, en la segunda audiencia del juicio público contra los líderes del Partido Nacionalista Peruano (PNP).
Cabe mencionar que, el juicio por el presunto delito de lavado de activos agravado en organización criminal por el Caso Odebrecht que comenzó el lunes, está a cargo del Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional, integrado por los jueces Nayko Coronado, Raúl Caballero y Max Vengoa. La reunión continuará el próximo jueves 3 de marzo.
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Ese día , Juárez Atoche deberá culminar con la exposición de los cargos contra todos los acusados. Tras ello, corresponderá la presentación de los alegatos de la procuraduría y los abogados defensores.
El último martes, el fiscal Germán Juárez, del Equipo Especial Lava Jato del Ministerio Público sustentó la acusación contra el exmandatario y la exprimera dama, para quienes pide 20 años y 26 años de cárcel, respectivamente.
El fiscal hizo un recuento de la fundación del Partido Nacionalista desde octubre del 2005, así como del ingreso y ocultamiento de dinero ilícito para las campañas electorales de 2006 y 2011.
Sobre la primera campaña, precisó que Ollanta Humala se contactó, por medio de William Chávez Alcántara, con el entonces presidente de Venezuela, Hugo Chávez, para lograr financiamiento que luego habría sido ingresado para los gatos de campaña, compra de bienes y la constitución de la empresa Todo Graph. “Ese dinero salió del erario público de Venezuela. Ese dinero es de origen ilícito”, afirmó.
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Sobre la segunda campaña electoral, el fiscal Germán Juárez señala que Nadine Heredia contactó con Valfredo De Assis Ribeiro, de la empresa brasileña OAS para que lograr un apoyo económico.
Asimismo, indicó que el Partido de los Trabajadores de Brasil canalizó dinero a través de la División de Operaciones Estructuradas de Odebrecht para el financiamiento de la campaña de Humala Tasso.
Según la Fiscalía, la expareja presidencial habría recibido US$3 millones de la División de Operaciones Estructuradas de la constructora brasileña Odebrecht para la campaña electoral del 2011.
Además, el delito de lavado de activos agravado se habría configurado a través del ingreso del dinero del Gobierno Venezolano para la campaña electoral de Humala Tasso en el 2006.
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Para los jueces, señalaron las fuentes, era importante dejar en claro que este es un juicio por presuntos actos de contenido penal, es decir, no se trata de juzgar ni las ideas ni las promesas de campaña ni las acciones de gobierno.
El fiscal aceptó la decisión del tribunal. Juárez solo indicó que era inevitable referirse a determinados aspectos, pues los acusados eran políticos y habrían realizado los actos por los que se les juzga en un contexto político.
El expresidente está acusado de dos hechos ilícitos. El primero, haber recibido dinero procedente de Venezuela, que habría llegado al país en valija diplomática, para la campaña del 2006.
El segundo, recibir dinero de las constructoras OAS por 316 mil dólares a través de un contrato laboral ficticio de Rocío Calderón, que Nadine Heredia pactó con Valfredo de Assis.
Además, de recibir tres millones provenientes del Partido de los Trabajadores de Brasil, de un fondo ilícito de Odebrecht. El acuerdo, explicó el fiscal, se estableció entre Humala y el expresidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva. El exsuperintendente de Odebrecht en el Perú Jorge Barata se negó a entregar esa suma de dinero, pero su jefe Marcelo Odebrecht le dijo que debía hacerlo.
En tanto, que a Nadine Heredia se le atribuye haber montado, junto a su hermano Ilan Heredia y los contadores del Partido Nacionalista, el esquema para ingresar el dinero al sistema económico, tanto el 2006 como el 2011.
El fiscal subrayó que durante el juicio presentará las pruebas que demuestren la participación de los acusados en estos hechos. Anotó que con prueba indiciaria demostrará que Humala y sus colaboradores estaban en condiciones de saber que el dinero que recibieron de Venezuela y Brasil tenía un origen ilícito.