Keiko Fujimori: José Domingo Pérez sustenta 1.900 pruebas contra Fuerza Popular
El fiscal presentó ante el juez las evidencias de los aportes de Odebrecht por parte de Dionisio Romero, Juan Rassmuss y Luis Calle Quirós y los falsos aportantes.
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La investigación al Fuerza Popular como presunta organización criminal comienza a tomar fuerza luego que el fiscal José Domingo Pérez presentara las 1.900 evidencias que demostrarían que el partido político liderado por Keiko Fujimori fue financiado con dinero ilícito en la campaña electoral 2011.
El fiscal presentó ante el juez Víctor Zúñiga los aportes ilícitos de dinero a la campaña electoral del 2011: los aportes de Odebrecht por un millón de dólares, del banquero Dionisio Romero por US$ 3.65 millones, del empresario chileno Juan Rassmuss, de la Confiep, y del investigado por narcotráfico Luis Calle Quirós por US$ 15 mil.
Según argumentó Pérez, los aportes de los empresarios y banqueros tuvieron el propósito de evitar el triunfo del entonces candidato Ollanta Humala y a cambio de recibir beneficios en un gobierno fujimorista.
Respecto al millón de dólares que envió Odebrecht, el fiscal señaló que el dinero llegó a través de offshores y teniendo como intermediario al ciudadano peruano Gonzalo Monteverde y su empresa Construmaq.
Pérez agregó que Fuerza Popular “utilizó sus cuentas bancarias, en el Scotiabank, para realizar depósitos y transferencias, en la modalidad de ‘estratificación o pitufeo’ para justificar que ingrese el dinero al sistema financiero y evadir el control de la ONPE”.
“Keiko instruye a la organización criminal, a Jaime Yoshiyama y Augusto Bedoya para que soliciten otra entrega adicional de medio millón de dólares. Se da la condición de agravante porque en esa época ella todavía era congresista”, añadió el fiscal, que pide 30 años de prisión para Keiko Fujimori.
Para el delito de lavado de activos, así como el de crimen organizado, la Fiscalía ha considerado incluir como elemento de prueba el acuerdo de culpabilidad que firmó Odebrecht con Estados Unidos en 2016.
Igualmente, el de acuerdo de colaboración que la constructora Brasileña suscribió con la Fiscalía Anticorrupción en el caso de la carretera Chacas-San Luis, donde se condenó al exgobernador de Áncash César Álvarez.
También, las declaraciones de Dionisio Romero Paoletti, quien confirmó el aporte de US$ 3.65 millones el 2011, realizado a través de 17 transferencias, y otros US$ 450 mil en la campaña del 2016, a favor de la candidatura de Keiko Fujimori.
Al respecto, detalló un informe de la SBS que concluye que los aportes de Dionisio Romero “incumplieron la ley del sistema financiero”, pues las entregas de dinero se hicieron a espaldas del directorio de Credicorp; fueron operaciones clandestinas.
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El fiscal también ofreció las declaraciones que corroboran las reuniones entre el fallecido empresario Juan Rassmuss Echecopar y Fujimori en las oficinas de la empresa Sudamericana de Fibras S.A.
En dichas reuniones, de acuerdo con la declaración de Ana Matsuno, Fujimori y su entorno de confianza recibieron el dinero en efectivo para la campaña presidencial del 2011.
Durante la intervención de la Fiscalía se produjeron una serie de debates con la defensa de Keiko Fujimori y los demás acusados.
Para los abogados no era claro que la Fiscalía esté exponiendo las pruebas respecto a cada uno de los acusados y para cada uno de los delitos que se les atribuye.
La Fiscalía insistió en que cada hecho que relata está sustentando en múltiples pruebas y que solo por crimen organizado enumerará 1.900 evidencias, que incluyen la declaración de los falsos aportantes.
Con información de: La República.
