El último miércoles, mientras el titular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), Juan Silva Villegas, se sometía a las exigencias de algunos gremios de transportistas para evitar un supuesto paro; en Santa Anita, la señora Victoria Vilcatoma de Vargas, de 76 años, fallecía luego de ser embestida por una cúster de la empresa Nueva Galaxia, más conocida como El Chosicano.
Dos días después, el viernes, mientras el sector trataba de negar los acuerdos, en Puente Piedra, la estudiante María Cervantes, de 18 años, perdía la vida tras caer de un bus de El Chino, cuyo conductor se encontraba compitiendo con otra unidad de su misma empresa.
Estas últimas muertes, según estadísticas de la Policía Nacional, forman parte de las 3.000 que se reportan al año en las vías y carreteras producto a accidentes de tránsito en todo el país.
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“Estamos hablando de 8 personas que mueren a diario, en gran parte, por dueños de ‘empresas’ que se resisten a formalizarse porque perderían su lucrativo negocio que se basa en la explotación de choferes y cobradores que no están en planilla ni gozan de beneficios laborales”, explica el director de la ONG Luz Ámbar, Luis Quispe Candia.
El riesgo ahora es que el MTC acepte prolongar la existencia de este sistema precario que inunda de combis, cústeres y colectivos no solo Lima y Callao sino también las regiones. El último miércoles, el ministro Silva firmó un acta donde se compromete a renovar automáticamente por 10 años las autorizaciones de las rutas, así como a sacar a las jefas de la Sutran y la ATU, instituciones fiscalizadoras del Ejecutivo. La primera ya fue retirada. Patricia Cama se enteró de su salida por las normas legales de El Peruano, según lo contó a La República.
“El ministro ha firmado acuerdos ilegales con gremios que no representan ni al 30% de los transportistas de Lima y Callao”, responde el representante de los concesionarios de los corredores, Ángel Mendoza.
Según él, detrás de esas pretensiones están los transportistas del Callao -como Wilfredo Chávez, dueño de la empresa Orión- que como han perdido el apoyo del municipio provincial se ven impedidos de seguir operando por las vías de Lima debido a la presencia de la ATU. “Son dueños de rutas de combis que entre el 2011 y 2014 realizaron hasta 14 paros sin tanto éxito contra los corredores”.
La directora del colectivo Lima Cómo Vamos, Mariana Alegre, señala que es indignante que se priorice los intereses de mafias que viven de un sistema precario, indigno y perverso que solo hace daño a los usuarios que menos tienen. “La cultura combi no puede ser la alternativa más apropiada. No podemos apostar por un sistema comisionista- afiliador donde los dueños de las rutas le cobran a los dueños de las unidades y estos a su vez a los choferes y cobradores. La guerra del centavo en las vías, donde nadie se hace cargo, no solo pone en riesgo a los pasajeros sino también a ellos mismos. Se está apoyando a los poderosos”.
Este sería un grave retroceso a los noventas, afirma Quispe Candia. Se estaría perpetuando el caos y la informalidad de las 19.600 combis y cústeres (70%) que circulan hoy por la ciudad.
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Tanto Quispe como Mendoza coinciden en que, desde el 2019, la ATU estaba sentando las bases de un nuevo sistema que permita al usuario usar el Metro, el Metropolitano y los corredores pagando una sola tarifa y usando una sola tarjeta. Era un proyecto joven dando sus primeros pasos en estos dos años. “Se estaba reordenando las rutas y se estaba por licitar las demás líneas de los corredores cuando la pandemia detuvo todo”, explica Quispe Candia.
Mendoza señala que los corredores tienen buses de 12 metros con trabajadores en planilla. Ese debe ser el futuro.
Alegre, de Lima Cómo Vamos, señala que se necesita de un mejor sistema de transporte para cerrar las desigualdades. “El que menos tiene hoy paga más porque debe tomar varias combis para llegar a su destino”.
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Quispe advierte que el Perú lidera la lista de países que tienen un transporte caótico. “Somos el único de Sudamérica sin un sistema de transporte integrado.
Por el momento desde el Congreso se habla de interpelar al ministro de Transportes.
Al director del Consejo Nacional de Transporte Terrestre, Martín Ojeda, le preocupa que el titular del MTC se esté reuniendo con los gremios de taxis colectivos. “Se está retrocediendo 52 años. Van a autorizar ya no a las minivanes sino a los autos y camionetas que prestan servicio de transporte interprovincial, lo que genera accidentes y muertes en las carreteras”, dijo.
Y es que uno de los acuerdos que también firmó el ministro es el de presentar un proyecto de ley para dar una amnistía por las papeletas que no lindan con el delito y la seguridad vial.
El vocero de Cicloaxión, Mauricio Zegarra, lamentó que se quiera perpetuar un sistema que viene matando a ciclistas en las vías. Pidió a la premier Mirtha Vásquez tomar acciones.
Acuerdos del titular del MTC con transportistas informales
Con información de: Carlos Contreras /La República.