Alejandro Toledo no irá a prisión. El expresidente, acusado de favorecer a Odebrecht a cambio de recibir US$35 millones por la carretera Interoceánica Sur, mantendrá su limitación de arresto domiciliario en Estados Unidos, medida que tiene vigente desde 2020 por el contexto de la pandemia de la COVID-19.
Ello debido a la decisión que tomó este viernes 29 de octubre el juez federal Thomas S. Hixson, quien negó el pedido de la fiscal Rebeca Haciski para que Toledo retorne a prisión hasta que la Secretaría de Estado de EE.UU. defina su extradición al Perú. El diario La República accedió a la resolución que emitió hoy el magistrado.
“El Tribunal considera que el deterioro del estado físico de Toledo y su esposa mitiga aún más el riesgo de fuga. Ambos necesitan un tratamiento médico continuo, y se encuentran en una situación de vida estable en la que pueden obtenerlo”, explicó Hixson en su resolución.
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Precisó, además, que “la huida a otro país alteraría esta situación para ellos, especialmente porque la primera parada de Toledo en en otro país como fugitivo internacional bien podría ser la cárcel. En estas circunstancias, y aunque el riesgo de que Toledo huya nunca puede ser mitigado completamente, el Tribunal cree que su que su libertad bajo fianza está justificada”.
Expuestas estas razones, la Corte Federal del Distrito Norte de California también consideró que sí convergen “circunstancias especiales” para mantener a Alejandro Toledo con arresto domiciliario mientras continúa el trámite de su extradición.
“La lesión en el hombro exige un nivel continuado de atención médica que la cárcel no puede proporcionar de forma realista. Una infección por COVID en la cárcel plantea riesgos muy diferentes para una persona de 76 años que para, por ejemplo, una persona de 25 años. Y la dependencia de su esposa tras la operación de cadera es un factor adecuado a tener en cuenta”, refiere el documento.
Hace algunas semanas, el diario La República informó que Alejandro Toledo había alegado el deterioro de salud en el que se encontraban tanto él como Eliane Karp como un factor para no ser ingresado a prisión, además de su vulnerabilidad ante la COVID-19.
Alejandro Toledo fue acusado por el fiscal José Domingo Pérez en agosto del año pasado a 20 años y medio de prisión por los delitos de colusión y lavado de activos. De acuerdo con la investigación, Toledo recibió alrededor de US$34.3 millones de la constructora Odebrecht a cambio de adjudicarle la carretera Interoceánica Sur (tramos 2 y 3).
El caso también tiene entre los acusados a exdirectivos de las empresas Graña y Montero, GyM, ICCGSA y JJC así como a Avraham Dan On, exjefe de seguridad de Toledo, José Graña Miró Quesada y otros.
El 21 de octubre último el juez Richard Concepción Carhuancho debía instalar la etapa previa al juicio oral contra los involucrados, sin embargo, fue recusado por la defensa del empresario José Castillo Dibós por lo que el caso no puede avanzar hasta que se aclare si el magistrado continuará o no en el caso.
La suspensión de esta fase también se debió a que falta definirse si las empresas GyM, Graña y Montero, ICCGSA y JJC serán investigadas aparte o son incorporadas a la acusación que presentó el fiscal Domingo Pérez. Con información de La República.