Universidades ya no podrían subir las pensiones: nueva ley del Congreso cambiaría las tarifas que pagan los estudiantes
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Miles de estudiantes universitarios podrían beneficiarse con una nueva iniciativa presentada en el Congreso de la República. Se trata de un proyecto de ley que propone impedir el incremento de las pensiones en universidades privadas para quienes contraten una modalidad de tarifa fija desde su primera matrícula.
La propuesta fue presentada por el congresista Juan Amílcar Villanueva Calderón, de Juntos por el Perú, y busca modificar la Ley Universitaria para brindar mayor estabilidad económica a los estudiantes y sus familias.

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¿Las universidades privadas ya no podrán aumentar sus pensiones?
De aprobarse la iniciativa, las universidades privadas estarían obligadas a ofrecer una alternativa de pensión fija durante los semestres establecidos en el plan de estudios de cada carrera.
Sin embargo, esto no significa que todas las pensiones quedarán congeladas. Las instituciones podrán mantener sus modalidades de pago actuales, pero deberán ofrecer una opción con precio estable e informar sus condiciones antes de la matrícula.
Además, la propuesta contempla que los costos de determinados trámites, como certificados de estudios, constancias de egreso y procesos de titulación, también permanezcan fijos.
¿Qué estudiantes podrían perder el beneficio de la pensión fija?
El proyecto establece que los universitarios podrían perder esta modalidad en determinadas situaciones:
- Si superan el número de semestres previstos para terminar su carrera.
- Si cambian voluntariamente de especialidad.
- Si abandonan sus estudios sin una reserva de matrícula justificada.
En esos casos, los alumnos tendrían que firmar un nuevo contrato con las condiciones económicas establecidas por la universidad.
¿Cuándo regiría esta medida?
Por ahora, la propuesta todavía no es ley, por lo que las universidades privadas no están obligadas a aplicar esta modalidad.
Si el Congreso aprueba la iniciativa y esta rige, el Poder Ejecutivo tendría hasta 90 días para reglamentarla. Posteriormente, las universidades contarían con un plazo máximo de 180 días para adecuar sus procedimientos.
La medida estaría dirigida a los nuevos estudiantes que se matriculen después de su implementación, mientras que Indecopi tendría facultades para fiscalizar posibles incumplimientos.








