¡Salen a la luz más nombres! Conoce a Braulio Grajeda, el viceministro que fue abogado de Cerrón

¡Continúa la lista! Los hombres de Vladimir Cerrón, fundador de Perú Libre, están siendo designados en puestos claves, es una realidad que no se puede negar. Uno de ellos es Braulio Grajeda Bellido, flamante viceministro de Gobernanza Territorial adscrito a la Presidencia de Consejo de Ministros.

Braulio Grajeda, actual funcionario, fue abogado del exgobernador regional y obtuvo un fallo favorable para el condenado por corrupción, en el “Caso Antalsis”. Tal como ya es de conocimiento público, su única experiencia laboral fue en el 2019 en la Oficina de enlace del Gobierno Regional de Junín.

Según un informe completo del diario El Comercio, entre el 2019 y 2020, Grajeda se desempeñó como el abogado de Cerrrón Rojas, según documentos a los que accedió El Comercio. En un proceso seguido ante la Corte Suprema, Grajeda Bellido logró impedir que los S/5 mil soles de caución que Cerrón había abonado como parte de las reglas que se le impuso para no enviarlo a prisión preventiva en el caso “Antalsis”, sea ejecutado y pase a las arcas del Estado.

Esto se suscitó, según la fiscalía, por haber incumplido las normas de conducta que se le impusieron en el proceso que se le sigue en Lima, por los presuntos delitos de asociación ilícita para delinquir, colusión con agravantes y cohecho pasivo propio en agravio del Estado.

Cerrón Rojas – junto a Martín Belaúnde Lossio y otros- es investigado por las presuntas irregularidades cometidas en los proyectos “Puente Eternidad” y “Puente Comuneros” entre el 2011 y 2014 cuando fue gobernador de la Región Junín y que forma parte del “Caso Antalsis”.

En el informe de El Comercio, también se presenta que, según la tesis fiscal, se atribuyeron a una presunta organización criminal liderada por Martín Belaunde Lossio, quien habría logrado posicionarse en el Gobierno Regional de la región Junín. “En este sentido, el imputado Vladimir Roy Cerrón Rojas, el cual desde el dos mil diez hasta el dos mil catorce ocupó la presidencia del Gobierno Regional de Junín, estaría involucrado en los hechos denunciados”, se lee en el documento.

Asimismo, el Poder Judicial le impuso diversas normas de conducta como acudir a firmar mensualmente un registro biométrico y el pago de una caución de S/5 mil soles. Sin embargo, en octubre del 2018 no cumplió con el registro biométrico y quiso justificar su inasistencia alegando que había tenido actividades políticas y para ello presentó documentos cuyas fechas no correspondían con el período en que debía acudir al control biométrico.

Ante esta situación, la fiscalía solicitó que el líder de Perú Libre sea apercibido para que cumpla con las normas de conducta y que se le advierta que, de volver a incumplirlas, se revocará su comparencia por prisión preventiva.

Además, solicitó que se ejecute la caución de S/5 mil que fue cancelada por Cerrón y pase al Estado. Si bien el pedido para ejecutar el cobro a favor del Estado fue rechazado en primera instancia, la Sala Superior decidió acceder al pedido fiscal y ordenó que el dinero pase a las arcas del Estado.

Cerrón Rojas, a través de sus abogados, entre ellos Braulio Grajeda Bellido, acudieron en casación hasta la Corte Suprema que revocó el fallo de la Sala Superior y ordenó que el dinero vuelva a custodia judicial hasta que se resuelva en última instancia la culpabilidad o no de Cerrón.