Congreso se confabula para evitar que se investigue a Pedro Gonzalo Chávarry

Apenas inició sus funciones, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso, bajo la presidencia de Luis Roel Alva (Acción Popular), decidió ayer mantener la obstrucción heredada por el Parlamento disuelto en cuanto a la investigación contra el fiscal supremo Gonzalo Chávarry, por el conocido caso del deslacrado de una oficina de su exasesor.

Los hechos se remontan a la denuncia tramitada por la fiscal de la nación, Zoraida Ávalos, contra su colega Gonzalo Chávarry, por los presuntos delitos de encubrimiento personal, encubrimiento real y por el deslacrado de la oficina de su exasesor Juan Manuel Duarte.

Y es que la anterior Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, bajo el dominio del fujiaprismo, había optado por una maniobra con el fin de dar luz verde únicamente a la investigación por el delito menos grave que tenía que ver con el acto del deslacrado.

Hasta aquí había llegado el anterior Parlamento, antes del cierre del 30 de setiembre.

Ayer, el presidente de la nueva subcomisión, Luis Roel Alva, anunció que, para dar continuidad al procedimiento, se iba a designar a un congresista para que elabore el informe. La responsabilidad recayó en Guillermo Aliaga, de Somos Perú.

Según recalcó Roel Alva, este caso ya había sido calificado por la anterior gestión. No se podía retroceder en los actos.

Lo mismo ocurrió con otra denuncia de autoría de Yeni Vilcatoma contra el fiscal supremo Pablo Sánchez. Este caso fue acumulado con la denuncia de Daniel Salaverry, a pesar de que este último retiró la acusación.

El congresista Gino Costa, del Partido Morado, recordó que el anterior Parlamento había archivado los extremos sobre encubrimiento real y personal contra Chávarry, en medio de cuestionamientos públicos. “Fue visible para todo el país que el fiscal de la nación (Chávarry) instruyó a que personal suyo entrara a sustraer pruebas”, recordó.

Costa apuntó que la gravedad de los hechos conllevó a la fiscal Zoraida Ávalos a denunciar a su mismo colega, “por estar comprometido en el deslacrado de la oficina de su asesor para sustraer pruebas y beneficiar a personas investigadas por graves hechos de corrupción”.

El parlamentario recalcó además que tanto la acusación por encubrimiento personal como por encubrimiento real, que tienen penas altas, fueron archivadas por el anterior Congreso. En cambio, solo se permitió la investigación por un delito menor, que tiene que ver con el deslacrado de la oficina.

Por ello, Costa planteó una cuestión previa para que se vote la posibilidad de que la nueva subcomisión pueda revisar las decisiones del Congreso anterior. El objetivo era evitar que el actual Parlamento siga obstruyendo una investigación formulada por el Ministerio Público. “(Lo que hizo la anterior subcomisión) fue un archivo arbitrario”, enfatizó.

Luis Roel votó en contra. Lo mismo hicieron sus correligionarios Carlos Pérez, Otto Guibovich y Jorge Vásquez. En el mismo sentido votaron Martha Chávez (Fuerza Popular), Omar Chehade (APP), Guillermo Aliaga y Felícita Tocto (Somos Perú), y María Gallardo (Podemos Perú).Los únicos que votaron a favor fueron Gino Costa y José Luis Ancalle, del Frente Amplio.

En diálogo con La República, el constitucionalista César Landa consideró como "un abuso del derecho" la decisión asumida por la mayoría de los miembros de la subcomisión.

“La Constitución y los tratados internacionales de los que el Perú forma parte obligan al estado a investigar y sancionar el delito, en este caso, por hechos de corrupción. El Congreso no puede abdicar en sus funciones, violando la Constitución y convenios internacionales por una interpretación formalista del Reglamento”, enfatizó.

Landa lamentó la interpretación formalista que hicieron del reglamento y dijo que la decisión incluso podría ser objeto de control constitucional.

Gino Costa - Partido Morado

“(Congresista Luis Roel Alva), no vuelva a transformar la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales en un instrumento para obstruir la justicia”.

José Luis Ancalle - Frente Amplio

“La mayoría de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales decidió mantener el blindaje a Chávarry y aceptaron dar trámite a denuncia contra Pablo Sánchez”.

Con información de: La República.