La situación crítica de extorsiones y amenazas a transportistas ha llevado a la movilización, que también cuenta con el respaldo de otros sectores, como los bodegueros, en busca de reformas urgentes en seguridad.
Únete al canal de Whatsapp de WapaEn medio de una creciente ola de violencia y extorsión que tiene al país en alerta, el gremio de transportistas ha decidido alzar la voz. El próximo 10 de octubre, más del 90% de las organizaciones transportistas a nivel nacional se unirán en un paro nacional que busca poner fin a la crisis de inseguridad que enfrentan a diario. Esta medida drástica es una respuesta contundente a lo que consideran una falta de acciones efectivas por parte del gobierno para frenar la delincuencia y proteger a los ciudadanos.
El sector transporte ha sido uno de los más golpeados por la inseguridad. Extorsiones, sicariato y amenazas de muerte son parte del día a día de miles de transportistas que temen por sus vidas y las de sus familias. Según Hernán Mendieta, presidente de la Asociación de Transportistas Nacional e Internacional, la situación es insostenible. A pesar de las medidas como la declaración de estado de emergencia en varias regiones, los resultados han sido insuficientes.
“El estado de emergencia no ha hecho ninguna diferencia para nosotros. Los casos de extorsión siguen aumentando, y ya no podemos trabajar con tranquilidad. Exigimos que el gobierno actúe de manera contundente y nos brinde la seguridad que necesitamos”, afirmó Mendieta en una reciente entrevista con Canal N.
El paro del 10 de octubre no solo moviliza al gremio de transportistas, sino que ha generado un apoyo transversal de otros sectores de la sociedad civil, como los bodegueros. Ellos también enfrentan la presión constante de grupos delincuenciales y ven en esta protesta una oportunidad para exigir reformas urgentes en las leyes de seguridad. La protesta busca dar visibilidad a una situación crítica y, más importante aún, impulsar cambios que beneficien a toda la ciudadanía.
Los transportistas están firmes en su reclamo: acciones inmediatas contra el crimen organizado. Mendieta ha sido claro en señalar que las actuales propuestas del gobierno, como las sanciones por bloqueos de vías, no abordan el problema de raíz. "Las leyes que se están impulsando parecen castigar más a quienes protestan que a quienes extorsionan o asesinan", expresó el dirigente.
Lo que exigen los transportistas es fortalecer las leyes contra la criminalidad, reducir las brechas que permiten a los delincuentes operar con impunidad, y acelerar los procesos judiciales. “Queremos cambios reales en las leyes, que se enfoquen en protegernos a nosotros, no a los criminales”, demandó Mendieta.
Además de la inseguridad, los transportistas están descontentos con las multas y sanciones impuestas al sector, las cuales consideran excesivas. Estos costos, sumados a los gastos operativos y la presión de los extorsionadores, han creado un panorama difícil de sostener para los trabajadores del transporte.