El Ministerio Público ha declarado improcedente la denuncia contra los congresistas electos por Renovación Popular Jorge Montoya y José Cueto, los conductores de televisión Beto Ortiz y Phillip Butters, así como el excandidato presidencial Rafael López Aliaga y otros directivos de Willax TV por los presuntos delitos de conspiración para sedición, grave perturbación de la tranquilidad pública y asociación ilícita para delinquir.
La decisión provino el último lunes de la fiscal Juana Meza Peña, del Tercer Despacho Provincial Penal de la Cuarta Fiscalía Corporativa Penal de Lima.
Según la disposición fiscal, la denuncia elaborada por el equipo legal del partido Perú Libre (Raúl Noblecilla Olaechea, Julio Arbizu y Edison Tito Peralta) “no contiene una narración detallada de los hechos” con respecto al tiempo, lugar y modo de cada delito aludido en el escrito que fue presentado hace poco menos de una semana.
La fiscal Peña concluye que no se ha explicado la “participación en forma individualizada” de cada denunciado. En la disposición, cabe precisar, también se indica que los denunciantes tienen un plazo de 48 horas para subsanar las observaciones, a fin de continuar con el proceso y se pueda decidir si abren o no una investigación preliminar contra los implicados.
Consultado por este diario sobre el tema, Raúl Noblecilla sostuvo que “estamos seguros que no nos vencerán y vamos con más fuerza. Desde la mesa de abogados por la democracia estamos más firmes y, sobre todo, en total resistencia contra el ánimo golpista que encuentra eco en decisiones fiscales fuera de derecho”.
Días atrás, se informó de la denuncia que representaba una iniciativa de más de 300 ciudadanos, en la que se señaló que el almirante en retiro “Jorge Montoya de manera pública, en el canal Willax y en diferentes medios de comunicación social, viene llamando a desconocer el resultado de las elecciones realizadas el 6 de junio de 2021″.
Además, que Beto Ortiz hizo “llamados constantes a realizar actos de violencia” y que difundió información falsa “cuando afirma que el presidente del JNE, Jorge Luis Salas Arenas, era un juez rojo y terrorista, por haber defendido, como abogado libre, a procesados por terrorismo”.
Todo ello con la presunta finalidad de organizar un movimiento contra los resultados oficiales de la ONPE que dieron como ganador en la última segunda vuelta electoral al líder sindical Pedro Castillo.
Información de La República.