La bancada de Perú Libre presentó un proyecto de ley para elevar la pena en casos de difamación y calumnia, del cual son blancos permanentes los periodistas, a cárcel efectiva.
La propuesta de Perú Libre plantea aumentar la sentencia de difamación si ocurre en libros, redes sociales, sitios web o medios de comunicación, hasta por cinco años, lo cual implica cárcel efectiva.
En tanto, el delito de calumnia sería sancionado hasta con 365 días de multa y una reparación civil. El doble de lo establecido en la actualidad por el Código Penal.
"La presente ley tiene por objeto modificar los artículos 131 y 132 del Código Penal, con la finalidad de sancionar con el incremento de la pena, por la utilización colectiva y por la afectación a la intimidad personal y que, como resultado de esta se vean perjudicados los derechos fundamentales al honor, la buena reputación y la intimidad de la persona", sostiene el proyecto.
Hoy por hoy, el delito de difamación establece penas de hasta dos años, lo que significa prisión suspendida. Es decir, el sentenciado tiene que respetar una serie de normas de conducta y ciertos derechos estarán restringidos.
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La iniciativa fue firmada por Segunda Montalvo, Waldemar Cerrón, Jaime Quito, Kelly Portalatino, Flavio Cruz, Américo Gonza, Alex Flores y Alfredo Pariona.
La Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP) consideró que el proyecto de ley de Perú Libre es desmedido, inhibitorio y contrario a la libertad de expresión.
“Esta iniciativa es contraria a la doctrina jurídica internacional que apunta a la despenalización de los denominados delitos contra el honor (…) La ANP recuerda que la ley penal debe ser la última ratio, por lo que la cárcel es una respuesta desproporcionada al propósito de protección del honor y buena reputación”, resaltaron.
Para la ANP, esta iniciativa tiene un agravante mayor dado la alta tasa de hostigamiento judicial de la que son víctimas periodistas, especialmente independientes o de las unidades de investigación, quienes de manera recurrente son llevados a los juzgados en razón de su actividad.
El gremio fue enfático en señalar que se pretende amordazar la denuncia periodística bajo la posibilidad de una pena de prisión.
“El sistema de justicia peruano, hasta hoy no logra una correcta ponderación entre lo que es el válido derecho al honor y buena reputación y el derecho a la información de la ciudadanía, más cuando se trata de personas públicas o quienes ejercen función pública, quienes están más expuestos al escrutinio ciudadano”, agregaron.