Según la fiscalía, Susana Villarán habría recibido US$3 millones para la campaña del ‘No a la revocatoria’ por parte de Odebrecht. La empresa brasileña OAS también habría aportado la misma suma de dinero.
Sobre el tema, el Sétimo Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior Nacional declaró fundado el requerimiento del Ministerio Público para prorrogar por medio año más la investigación preparatoria contra la exalcaldesa de Lima.
Hasta la fecha, la exburgomaestre capitalina y otros implicados son investigados por la presunta comisión de los delitos de asociación ilícita, lavado de activos y otros en el marco del caso Odebrecht y OAS.
De acuerdo a información oficial, el juez basó su aceptación del pedido fiscal por la necesidad de efectuar todas las diligencias que se encuentran pendientes de realizar y que van a permitir el esclarecimiento de los hechos investigados.
“La complejidad de la investigación se manifiesta, no sólo porque se ha requerido la incorporación de personas jurídicas en el curso del presente estadio procesal, quienes tienen que defenderse de las imputaciones formuladas desde lo recabado durante la investigación preparatoria, sino que existen 28 diligencias internacionales pendientes”, detalló el juez.
También agregó que, como bien lo sustenta el fiscal ponente, y pericias contables financieras en congruencia con el delito investigado de lavado de activos, procesos especiales de colaboradores eficaces, y la frustrada posibilidad que Diviac, se puede efectuar la vinculación de llamadas de geolocalización.
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Según la tesis del Ministerio Público, el financiamiento de la campaña de Susana Villarán fue irregular pues se habría utilizado y ocultado dinero presuntamente ilícito proporcionado por las empresas Odebrecht y OAS.
Estas compañías le habrían dado apariencia de legalidad a través de la presentación ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) de una lista con aportantes falsos. Además, según la fiscalía, Susana Villarán habría recibido US$3 millones para la campaña del ‘No a la revocatoria’ por parte de Odebrecht.
La empresa brasileña OAS también habría aportado otros US$ 3 millones. El intermediario en todas estas operaciones, según el Ministerio Público, habría sido José Miguel Castro.
Como se recuerda, en el equipo Lava Jato se investigan las razones de que Augusto Rey defendiera en los medios de comunicación la campaña millonaria del «No». Incluso daba detalles que no justificaban el desembolso de millones de dólares.
En un video del 2013, el entonces asesor legal de la Municipalidad de Lima (MML) acudía a una entrevista con Beto Ortiz en Frecuencia Latina, para pedir que los capitalinos voten contra la revocatoria.
