Gobernador de Ucayali Francisco Pezo Torres es capturado al llegar al Hospital Amazónica
El gobernador no tuvo más remedio que negociar su entrega al presentarse una fractura expuesta en el tobillo y llegar hasta el Hospital Amazónico de Yarinacocha.
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Francisco Pezo Torres, gobernador regional Ucayali, cayó la noche de este martes 14 de diciembre y se encuentra en el Hospital Amazónico de Yarinacocha. Pezo Torres arribó en una ambulancia hasta el centro de salud para tratar una fractura a la altura del tobillo derecho que tenía expuesta por varios días.
La fuga se realizó cuando un grupo de fiscales y policías allanaron la sede del gobierno regional para detenerlo por dirigir una presunta organización criminal que negociaba con las adquisiciones y contratos de bienes y servicios.
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De acuerdo a lo que se conoció, Pezo Torres se había escapado a través de un túnel secreto que partía desde su oficina hasta una calle colindante a la sede del gobierno regional. Al salir lo esperaba un automóvil en el que fugó con rumbo desconocido.
“Había una salida escondida en el despacho, que daba a la calle. Había una puerta secreta que daba a la calle. La habría empleado justamente para esto (huir). Siempre cabe ese riesgo (fuga), pese a todas las medidas que se han tomado”, declaró el fiscal superior anticorrupción Omar Tello.
Ministerio Público ordenó detención de gobernador de Ucayali por presuntamente liderar una organización criminal
El Ministerio Público dispuso la captura de 15 integrantes del presunto grupo criminal denominado ´Los Pancho Villa de Ucayali´ que estaría encabezado por el gobernador Francisco Antonio Pezo Torres.
La institución señaló que el operativo se realiza contra 15 integrantes de esta organización que funcionaría dentro del Gobierno Regional de Ucayali. En ese sentido, indicó que el allanamiento es de diferentes inmuebles, incluida la vivienda del gobernador regional, funcionarios e investigados del caso.
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Asimismo, la Fiscalía detalló que según la investigación realizada este grupo criminal habría hecho posibles contrataciones de bienes y servicios de forma direccionada y sobrevalorada desde el 2019.