Esterilizaciones forzadas: lectura de resolución sobre Fujimori se reanudará hoy 8 de noviembre
Al expresidente Alberto Fujimori y sus exministros de Salud se les acusa de ser autores mediatos del presunto delito contra la vida, el cuerpo y la salud.
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El caso de las esterilizaciones forzadas practicado en Perú durante la década del 90 es el más emblemático en América Latina, señaló la Amnistía Internacional (AI). Hoy lunes 8 de noviembre, el Poder Judicial continuará con la lectura de la resolución que decidirá si abre proceso o archiva la denuncia contra el expresidente Alberto Fujimori por el caso esterilizaciones forzadas.
Esta audiencia, será la séptima desde que empezó la lectura, y es dirigida por el titular del Juzgado Penal Supraprovincial Transitorio de Crimen Organizado del Poder Judicial, Rafael Martínez y como en ocasiones anteriores, se llevará a cabo en español y será traducida al quechua debido a que varias de las víctimas hablan esa lengua.
Por este caso son investigados el expresidente Alberto Fujimori junto a sus exministros de Salud, Alejandro Aguinaga, Eduardo Yong Motta y Marino Costa Bauer, entre otros, a quienes se atribuye el presunto delito contra el cuerpo y la salud, en la modalidad de lesiones graves, en el marco de violación de derechos humanos.
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De acuerdo a la investigación del Ministerio Público, habría evidencia en los documentos que solicitaban a los pacientes sus consentimientos a la práctica de la esterilización, porque no se redactaron en quechua ni se respetó su idiosincrasia familiar y religiosa.
Cabe indicar que son cinco las víctimas por el delito de lesiones graves seguidas de muerte. No obstante, a los investigados se les imputa también el delito de lesiones graves contra otras 1300 mujeres.
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Las esterilizaciones forzadas se aplicaron entre 1996 y 2000 a más de 300 mil mujeres campesinas, indígenas, andinas y amazónicas que vivían en zonas rurales y urbano populares.
Como se recuerda, en la audiencia del 2 de noviembre, el juez hizo un recuento de la demanda fiscal que señala que los hechos encajarían en el delito de atentado contra la integridad física grave por las mujeres que murieron y sufrieron graves daños a su salud por la intervención quirúrgica.
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Según la organización Demus, que ejerce la defensa de algunas de las víctimas, más de 180 elementos probatorios presentados por la Fiscalía demostrarían la existencia de indicios suficientes para que se inicie un proceso.
