Presidente Castillo insistirá en recurso contra fiscal Norah Córdova

Pedro Castillo no se quedará de brazos cruzados. El Quinto Juzgado Constitucional de Lima rechazó un recurso de hábeas corpus presentado en diciembre por la defensa del jefe de Estado contra la fiscal provincial Norah Córdova y dos de sus adjuntos para evitar un posible allanamiento en Palacio de Gobierno y otras diligencias a futuro.

Por lo cual, el juez Jorge Ramírez Niño de Guzmán declaró improcedente lo sustentado por Eduardo Remi Pachas Palacios, abogado de la máxima autoridad del país, y aclaró que no existe amenaza contra Palacio por la investigación en la sede del Ejecutivo ni vulneraciones al derecho de defensa de Castillo ni de su derecho a la inviolabilidad del domicilio.

Según información detallada del diario La República, el defensor legal de Castillo sostuvo que esa resolución se apelará de todas maneras. “La competencia ya la perdió Córdova porque la Fiscalía de la Nación ya se pronunció al respecto”, indicó.

“Ella ya no puede hacer otra actividad relacionada a Castillo porque según la ley y la disposición de la Fiscalía de la Nación, le corresponde a esta indagar al presidente. Solo que ahora está todo suspendido”, añadió.

El letrado, también explicó que se interpusieron varias acciones como hábeas corpus, un pedido de inhibición, pero ya a estas alturas existe una resolución de la Fiscalía de la Nación que aclara que solo Zoraida Ávalos puede hacer diligencias al presidente.

“De todas maneras, insistiremos y apelaremos”, puntualizó. Como se recuerda, el contenido de la resolución que rechaza el hábeas corpus hace precisiones sobre las dos visitas a Palacio en diciembre de los adjuntos de Córdova, Luis Medina y Reynaldo Mina.

En el contexto del documento se señala que el ingreso [a Palacio de Gobierno] no necesariamente tendría las características de una violación del domicilio, puesto que en la primera oportunidad se realizó con autorización y a consideración de esta judicatura, la única posibilidad de que se vuelva a repetir un ingreso es que se haga igualmente con autorización.

Del mismo modo, indica que, siendo un inmueble con la más alta vigilancia y resguardo, solo podría ingresarse con una fuerza mayor, lo que implicaría un uso de fuerza que dadas las circunstancia es inadmisible.

“En consecuencia, no es posible considerar que la amenaza sea cierta, pues para evitarlo, su titular, solo tiene que negarse a dar la autorización”, señalan en el escrito. Con ello, el magistrado sostiene que basta con autorizar o no el ingreso de los fiscales para que no se configure una violación al domicilio.

Por otra parte, la sentencia del Quinto Juzgado manifiesta que la investigación de la fiscal Córdova solo abarca a ciudadanos y exfuncionarios por el delito de colusión y negociación incompatible en el que el presidente Castillo, dada su condición de máxima autoridad, no está comprendido, por lo que no existe un riesgo real de una medida de allanamiento o más grave en su contra y las pesquisas contra los implicados como la empresaria Karelim López o Samir Abudayeh deben continuar, no paralizarse como solicitaba la defensa de Castillo.

En el caso de los cuestionamientos a Córdova por sus publicaciones contra Castillo en sus redes sociales, acusándolo de “terrorista” y “corrupto” o de la existencia de un interés afín con grupos que buscan la vacancia de Castillo, el magistrado indicó que la investigación de los actos de la Fiscal demandada que pudieran considerarse que son evidencia de un sesgo, de preferencias políticas o de odio, al ciudadano presidente.

También resaltó que pueden y deben ser materia de investigación por los órganos competentes de su institución; pero que un hábeas corpus no abarca dicho tema. “Es el órgano de control interno del Ministerio Público el que debe encargarse de definir si hubo un sesgo o no de la fiscal Córdova en sus diligencias y actuaciones relacionadas a Pedro Castillo el mes pasado en sus visitas a Palacio” aclaró.

En diciembre de 2021, la fiscal provincial Norah Córdova abrió una investigación por la reunión entre Pedro Castillo, los empresarios Samir Abudayeh y Karelim López, así como el exjefe de Petroperú Hugo Chávez que resultó en un contrato de US$ 74 millones. El caso no incluía a Castillo.

En enero, la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, abrió investigación a Castillo por ser un alto funcionario y ser ella la competente para hacerlo. Sin embargo, suspendió las diligencias.