Fuerza Popular: El segundo fraude del fujimorismo sigue cayendo

La denuncia de fraude que hizo el fujimorismo contra las últimas elecciones presidenciales se sigue cayendo, hasta el momento, siete fiscalías archivaron los casos y otras 17 esperan similar destino porque no hay exmiembro de mesa electoral que asevere que le falsificaron la firma.

Este proceso se inició cuando Fuerza Popular pidió anular votos en lugares del país donde tuvo resultados muy adversos. Como se recuerda, en el 2000, con Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos en el Gobierno, el fujimorismo logró el fraude de la rerreelección.

Según un informe especial de La República, 21 años después, el fraude ha sido la denuncia de que le robaron votos suplantando miembros de mesas electorales. Con esta acusación, presentó cerca de mil demandas para anular votos.

De ese modo, señala La República, buscó revertir la ventaja con que le ganó su contendor, el profesor Pedro Castillo. Las demandas de Fuerza Popular a las entidades de justicia electoral retardaron la proclamación del ganador y quitaron tiempo para la transferencia de gobierno.

Además, motivaron a sus seguidores, entre ellos grupos violentos de ultraderecha que hostigaron a autoridades electorales y hasta a la prensa. Por su lado, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y los jurados de primera instancia rechazaron estas demandas por no haber indicios sólidos y lograron que la elección no se caiga por la dilación. Sin embargo, el JNE envío los casos a la Fiscalía para que, con más tiempo disponible, las atienda en sus fueros.

La República también señala, que meses después, la Fiscalía empezó a confirmar que no hubo el supuesto fraude electoral que denunció el fujimorismo. Se constata que, más bien, esa acusación ha sido un fraude que intentó anular la elección.

Otro dato importante es que, de agosto a diciembre del 2021, las fiscalías de Áncash, San Martín, Cajamarca, Arequipa y Cusco, luego de sus investigaciones preliminares, determinaron que son casos sin sustento y los enviaron al archivo.

En sus indagaciones, los supuestos suplantados negaron cualquier usurpación o falsificación de sus firmas. Otros testigos que fueron miembros de mesa y operadores de entidades electorales coincidieron.

El último archivamiento que reportó la Fiscalía al JNE fue de un caso en el distrito de Sicuani, en el Cusco. Fuerza Popular demandó que se anulen los votos de la mesa 015436 porque consideró que la firma de una de sus miembros, Judith Ccuno Aronaca, era falsa por ser distinta a la de su documento nacional de identidad (DNI).

Ccuno declaró a la Fiscalía que había cambiado su firma hace dos años tras un mal de salud. Otro miembro de esa mesa confirmó a la Fiscalía que no hubo ninguna irregularidad. De 17 casos pendientes en la Fiscalía, en Áncash, Pasco, Huánuco, San Martín, Huancavelica, y Ayacucho, varios señalados como suplantados ya han rechazado públicamente estas denuncias del fujimorismo.

Otros casos no llegaron a la Fiscalía porque quedaron en los jurados electorales de primera instancia, pero los entonces miembros de mesa señalados por el fujimorismo esperan quedar reivindicados.

“Me gustaría denunciar a la señora Keiko Fujimori y su partido, Fuerza Popular. No lo haré porque sé que se reirán de mi denuncia y probablemente de acá a cinco años recién se pronuncien con todo en mi contra. Qué fácil dañan la honra de las personas. Te culpan de fraude y quienes no te conocen creen”, expresa Bertín Catacora, quien fue miembro de mesa en el distrito puneño de Acora.

La República conversó con el presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), quien considera que la teoría del fraude electoral carecía de verosimilitud. “Nosotros siempre hemos rechazado las versiones de fraude, porque teníamos la seguridad de los actos ejecutados por nuestro sistema electoral”, precisó.

Salas Arenas, sustenta por qué la teoría del fraude, promovida por Keiko Fujimori y sus aliados, se fue desmoronando. Además, considera que en la etapa electoral hubo acoso a diversas autoridades de parte de los grupos que no reconocían los resultados.

“El órgano constitucionalmente especializado –la Fiscalía- en la determinación de la existencia de causa probable para promover en su momento acción penal por falsificación de firmas y suplantación de personas se está pronunciando sobre bases sólidas, como corresponde en un Estado que se reclama constitucional y por tanto democrático y de derecho. Nosotros siempre hemos rechazado las versiones de fraude, porque teníamos la seguridad de los actos ejecutados por nuestro sistema electoral” señaló.

También dijo, que no es difícil revisar que la teoría malévola del fraude carecía de sustento real o verosimilitud. Si los mismos miembros de mesa vienen señalando que estuvieron desempeñando sus deberes electorales y suscribieron las actas respectivas, además todas y todos los miembros de mesa, según información recogida de ONPE, tanto en primera como en segunda vuelta, han cobrado sus estipendios por el desarrollo de sus funciones.

“No queda sino deducir que los cuestionamientos estuvieron dirigidos a detener, por varios medios, el proceso o postergar la expedición de los resultados para finalmente evitar que se efectuara la proclamación que la mayoría de la ciudadanía definió con su voto”, añadió.