Congreso: ¿De qué trata el Proyecto de Ley que limita el ingreso de venezolanos al Perú?

La situación que atraviesa Venezuela es ya conocida. Esta se ha agravado por la pandemia de la COVID-19, lo que conlleva a que sus ciudadanos sigan escapando de un Gobierno que no les permite continuar desarrollándose y, sobre todo, no les ayuda a tener lo mínimo indispensable para sobrevivir.

Por ese motivo es que cientos de venezolanos arribaron y todavía arriban a territorio peruano. Pese a que el escenario es crítico en el país hermano, un proyecto de ley que busca la expulsión de estos y propone trabas para su ingreso ha sido presentado en el Congreso de la República.

La iniciativa legislativa n.º 7028 plantea que se deporte a extranjeros que no presenten la documentación requerida ante las autoridades migratorias, estén de forma irregular en el país o que cometan faltas o delitos.

El parlamentario Hipólito Chaiña es uno de los principales impulsores de este proyecto. En diálogo con La República mencionó que el PL responde al incremento de actividades delictivas por parte de extranjeros y a que dichas personas estarían convirtiéndose en un mal ejemplo para la niñez y juventud peruana. Sin embargo, no toma en cuenta que la mayor cantidad de transgresores de la ley son peruanos.

“Hemos hecho las consultas del caso y este no es un proyecto de ley xenófobo ni mucho menos atenta contra los derechos humanos. Es en general sobre extranjeros, porque estadísticamente en las últimas semanas y meses ha aumentado exponencialmente la cantidad de crímenes, sicariato organizado, prostitución, robo, especialmente en Lima”, manifestó el legislador de la bancada Nueva Constitución.

Con respecto a este tema, Marta Castro, coordinadora de investigación de Equilibrium CenDE - Centro para el Desarrollo Económico, informó que un estudio reveló que la tasa de faltas cometidas por migrantes no se equipara a las ejecutadas por peruanos.

“Desde Equilibrium CenDE hicimos un análisis econométrico para Lima Metropolitana y los resultados indican que la migración venezolana no tendría efectos significativos en los delitos como robos, hurtos, lesiones, homicidios y violencia sexual. Es decir, la criminalidad en Lima y Callao se encuentra ligada a otros factores ajenos a la migración venezolana para dichos tipos de delitos”, contó.

Por su parte, Nancy Arellano, directora de la ONG Veneactiva, indicó que para el PL en cuestión no se tomó en cuenta la cantidad de la población venezolana que delinque y la que se apega a las leyes. “Quienes cometen delitos representan el 0.09%. Estamos hablando de que el 99% de la población venezolana ha mantenido una conducta proba dentro del Perú”, explicó.

A raíz de ello, Marina Navarro, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Perú, propone que el foco esté en los peruanos, que representan un porcentaje mayor en cuanto a comisión de delitos.

“Yo me centraría en aquellas personas que proporcionalmente más delinquen; si no, lo que estamos haciendo es generar estereotipos negativos y podría ser considerado xenofobia porque no está basado en evidencias, sino en ideas preconcebidas”, destacó.

El proyecto señala también que se impondrán sanciones económicas a quienes brinden alojamiento o contraten a personas indocumentadas. Esto último se planteó porque, según la iniciativa, se estaría dejando sin oportunidades laborales a jóvenes peruanos.

En esa sentido, Arellano cuestionó que se dicten medidas contra aquellos que ayuden a migrantes porque, además, crearían una nueva tensión social. “Hay una búsqueda de aumentar las sanciones sociales en las comunidades cuando se establece que serán sancionadas con multas las personas que otorguen alojamiento a los migrantes venezolanos. Eso es contra todo principio de solidaridad humana, de humanidad”, apuntó.

El parlamentario dijo que no está en contra de que extranjeros trabajen honradamente. Sin embargo, cuestionó que algunos de ellos se dediquen a la venta ambulatoria por no poder acceder a un empleo forma.

“Muchos extranjeros se han puesto de ambulantes, viendo la manera de sobrevivir, pero también deben tener la documentación correspondiente, certificado de antecedentes penales y otros para acceder a un trabajo. Por eso, hago un llamado a las autoridades para que sean inflexibles al momento de solicitar esta información”, sostuvo.

En este aspecto de la iniciativa discrepa Marina Navarro, quien aseguró que la falta de ofertas laborales no es un problema específicamente de los migrantes. Además, insistió en que las investigaciones apuntan a que los migrantes contribuyen con el desarrollo del país.

“Culpar a las personas venezolanas de tasas de desempleo, y más con esta crisis en plena pandemia que tenemos y la crisis económica que ha generado, es poner la responsabilidad en otros. Más bien, un estudio del Banco Mundial de hace poco más de un año muestra la capacidad y el potencial que tienen las personas migrantes y refugiadas de aportar al Perú, específicamente las personas venezolanas que llegaron al país”, afirmó.

Para Nancy Arellano, lo anotado en el PL no es acertado, ya que los venezolanos no han podido insertarse en puestos formales por las normativas del país que “limitan el acomodo natural en el mercado”. De igual forma, refirió que los conciudadanos han contribuido con el desarrollo del país.

“El BRC ha dicho que los migrantes han aportado 0.1% al PBI y, además, se han aportado S/ 900 millones en IGV. La migración no es nada más consumidora, es también productora​​​​​​​. No es nada más dependiente del sistema público; de hecho, no hace uso prácticamente del sistema público. Los inscritos ante el SIS y los inscritos en el sistema de educación son poquísimos”, contó.

Otro aspecto que propone el proyecto de ley es que los ciudadanos venezolanos solo ingresen al Perú si presentan su pasaporte y certificado internacional de antecedentes, además de los documentos estipulados en la norma de migraciones. A esto se suma que deberán demostrar que cuentan con $ 2.000 como mínimo por persona para garantizar su acceso a territorio nacional.

Nancy Arellano, directora de la ONG Veneactiva, manifestó que, pese a que el congresista Chaiña diga lo contrario, hay un claro actuar xenófobo contra los migrantes de Venezuela. Agregó que aquellos que están indocumentados tienen esa condición porque esperan su regularización en migraciones.

“Los ciudadanos que se encuentran en situación irregular son una minoría. Lo que hay es un gran número de solicitantes de refugio y decir que estos son irregulares es un contrasentido​​​​​​​​​​​​​​. Eso significa no comprender la norma. Los ciudadanos que están como solicitantes de refugio están regulares en el Perú en condición de solicitantes de refugio”, subrayó.

La directora ejecutiva de Amnistía Internacional Perú, Marina Navarra, enfatizó en que los migrantes que vienen al país lo hacen para buscar refugio y no por un tema de placer, por lo que, de acuerdo a los tratados, se les debería aceptar y velar por su seguridad.

“Las personas que vienen de Venezuela vienen huyendo de violaciones masivas de derechos humanos. (...) Tendrían que ser aceptados como refugiados en el Perú. Entonces, en ese sentido, esta propuesta de ley tendría varias contradicciones con el derecho internacional de los derechos humanos, porque no se puede expulsar a ninguna persona refugiada ni solicitante de refugio”, declaró.

A su turno, Marta Castro, coordinadora de investigación de Equilibrium CenDE, reiteró que incrementar los obstáculos para el ingreso de venezolanos solo hará que busquen otras vías para llegar a territorio nacional.

“Está demostrando que cuantas más restricciones pongan en el país para entrar de manera legal, segura y ordenada, como es este nuevo requisito que plantea el PL de contar con $ 2.000 como mínimo,  lo único que va a causar es que haya más ingresos por vías irregulares, menos control y un posible aumento de personas que se dediquen a traficar en las fronteras, lo que no pone en riesgo solo a las personas venezolanas, sino al país por un tema de desconocimiento de dónde va a estar la población”, acotó.

Vale precisar que, a pesar de que el PL precisa el monto mínimo con el que deben contar los migrantes para entrar al país, el congresista Chaiña desconocía ese aspecto. “Personalmente, no estoy de acuerdo con los $ 2.000 dólares.​​​​​​. Además, no me corresponde decirlo. Creo que con una documentación adecuada y que se ciña a los países donde cualquier extranjero llega, pues, bienvenido sea”, comentó a este diario.

Al cuestionarle por este hecho que, supuestamente, junto con su bancada estarían planteando, Chaiña expresó que, por tratarse de una iniciativa legislativa, todavía está sujeta a cambios tras el debate y aportes de otros parlamentarios.

Con información de: La República.