Hoy jueves (30) se sabrá si Iber Maraví, ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, sigue al frente o no de la citada cartera. Ante el Pleno, Maraví deberá responder 7 preguntas sobre los atestados policiales que lo involucran con altos mandos de Sendero Luminoso, además de su liderazgo en el Sutep-Conare, vinculado al Movadef.
En tanto, el Partido Popular Cristiano (PPC) emitió un pronunciamiento en el que rechazaron la aplicación de la cuestión de confianza por parte del gobierno si el Congreso decide censurar al ministro de Trabajo. El último miércoles, en conferencia de prensa, el presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, puso sobre la mesa las cartas sobre su defensa a Iber Maraví.
Ante la crisis política que se ha gestado en el gobierno de Pedro Castillo, el PPC “rechaza la pretensión del Gobierno a través de su primer ministro, Guido Bellido, de utilizar la cuestión de confianza a fin de proteger grosera y vergonzosamente al ministro Iber Maraví, investigado en el pasado por supuestos vínculos con la agrupación terrorista y genocida Sendero Luminoso”. El documento fue firmado por la excongresista Marisol Pérez Tello.
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“Espera que la oposición democrática e el Congreso, ponga al Perú primero y dé una respuesta contundente, firme y clara, rechazando las posturas radicales del Gobierno”, sostienen.
El PPC, además, hizo referencia a la advertencia de expropiar el gas de Camisea, anunciado el último domingo por Guido Bellido.
“Repudia la burda intromisión del Ejecutivo, en el contrato de concesión con las empresas que explotan el gas de Camisea, y las amenazas de nacionalización y expropiación que originan incertidumbre económica, inseguridad jurídica e inestabilidad tributaria, que han ocasionado - y ocasionan - inflación, desempleo, pobreza y hambre”, señalan.
En ese contexto, el PPC denunció la “amenaza permanente” a la libertad de expresión y “la falta de transparencia de los asuntos públicos. esta actitud es propia de gobiernos autoritarios”. La grupo político manifestó “su preocupación por la denominada segunda reforma agraria” a la que calificaron de “demagógica y populista, pues no ha establecido un claro rumbo técnico ni jurídico”, pues excluye “a actores importantes como el sector privado, vulnerando el pluralismo económico y la realidad del sector”.