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22 Dic 2022 | 19:47 h

Inseguridad alimentaria: informe internacional revela vulnerabilidad aguda para el Perú

Según el estudio, Perú es uno de los países de América Latina que se encuentran expuestos a la actual crisis alimentaria. Desde el Ejecutivo han iniciado medidas.

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    Inseguridad alimentaria: informe internacional revela vulnerabilidad aguda para el Perú

    La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) ha presentado el informe "Panorama Social 2022" proyecta cifras alarmantes acerca de la crisis alimentaria, siendo el Perú uno de los países más afectados.

    De acuerdo con la referida institución, se ha proyectado que para fines de 2022, el 32.1% de la población de América Latina y el Caribe se encontrará en situación de pobreza, cifra que supera a los números registrados antes de la pandemia de la COVID-19.

    Asimismo, según Boston Consulting Group, países como Perú, Guatemala, Colombia y Venezuela, de los 45 de la región, se encuentran "gravemente expuestos" al impacto de la actual crisis alimentaria.

    Para hacer esta medición, se utilizaron cuatro factores: dependencia de las importaciones, inseguridad alimentaria, clima y conflictos (en donde se incluye la crisis política y social).

    "Desde hace más de 2 años, la crisis de la pandemia sigue vigente y se agravó con la crisis social ocasionada por el aumento de precios, la falta de urea, la guerra de Rusia y Ucrania y la crisis climática y ambiental, desencadenando una crisis global", destacó, América Arias, directora de la ONG Acción contra el Hambre en Perú.

    "La seguridad alimentaria de las personas está en peligro por la desaceleración de la actividad económica donde miles de personas corren el riesgo de perder sus empleos en 2022-2023", agregó.

    Gobierno de Dina Boluarte inicia medidas

    Hace unos días, la presidenta Dina Boluarte reveló que se impulsará un nuevo bono agrario que favorecerá a productores agrícolas que se han visto afectados por la sequía de lluvias.

    De esta manera, el Poder Ejecutivo destinará una partida presupuestal de 350 millones de soles para atender a los agricultores perjudicados con este fenómeno natural. La distribución se realizará de la siguiente manera:

    • Productores agrículas, el bono sería de 800 soles por hectárea hasta un máximo 3 mil 200 soles.
    • Pequeños ganaderos, el bono sería de 266 soles por camélido hasta un tope de 12 por criador.

    "Así como lo anunció la señora presidenta (Dina Boluarte), este bono de sequía se estaría entregando entre los meses de enero a marzo del próximo año. Son 17 departamentos que estarían entrando al decreto de urgencia (relacionado al bono por sequía), los cuales se han identificado", informó la ministra de Desarrollo Agrario y Riego, Nelly Paredes.

    Paredes afirmó que desde agosto se han detectado déficit hídrico con niveles altamente bajos, por lo que se evidencia las sequías que afronta nuestro país.

    Agricultores y la necesitada urea para continuar con sus trabajos.

    "Hemos podido observar que desde agosto último hasta diciembre tenemos déficit hídrico, con niveles de -60% a -100% de lluvias. Entonces, hay evidencias de la sequía que está sufriendo nuestro país", señaló.

    "Las medidas que hemos adoptado a corto plazo, por parte del sector, están asociadas a la siembra y cosecha de agua, las cuales se puede ejecutar rápidamente en 45 días. En enero estaremos activando esos presupuestos para trabajar con el programa Sierra Azul y AgroRural", concluyó.

    Cabe destacar que, pese a los reiterados anuncios, el entonces presidente Pedro Castillo no logró formalizar la compra de fertilizantes (urea) para ayudar a los agricultores que se vieron afectados con el alza de precios por la guerra entre Ucrania y Rusia.

    El pasado 1 de noviembre, el portal internacional Bloomberg reportaba el cuarto fallido intento por parte del gobierno peruano para concretar la firma con la empresa paraguaya Direcagro, quien debía de proveer 44 mil tonladas de urea a nuestro país.

    Bajo este término, Dina Boluarte anunció se retomará las negociaciones para concretar esta iniciativa. Sin embargo, tomando en consideración el decreto supremo para su adquisición, el plazo está por vencerse: el próximo 31 de diciembre, es decir, menos de 10 días.