El último viernes 20 de mayo, la Contraloría General de la República habría entregado un informe a la directiva del Congreso y a la propia Dina Boluarte en donde revela que la vicepresidenta de la República cometió una grave infracción constitucional.
Dicha investigación lleva el título de "Fiscalización Específica de las Declaraciones Juradas presentadas por la señora Dina Ercilia Boluarte Zegarra y Remitida a la Contraloría General de la República" y estuvo comprendido desde setiembre de 2021 hasta enero de 2022.
Luego de haber hecho las indagaciones respectivas, la Contraloría General de la República afirmó haber encontrado una doble función de la también ministra de Desarrollo e Inclusión Social.
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"La fiscalizada durante el periodo del ejercicio del cargo de Ministra de Estado en el despacho de Desarrollo e Inclusión Social intervino en la gestión de la asociación privada Club Departamental Apurímac suscribiendo documentos de carácter público como presidenta del Consejo Directivo, lo cual resultaría incompatible con su cargo de Ministra de Estado", señalan.
"Por lo que, existiría una presunta infracción del artículo 126°de la Constitución Política del Perú, norma cuya supremacía se reconoce en el artículo 51 de la misma Carta magna", agregan.
Y es que según el artículo 126° de la Constitución Política del Perú, "los minitros no pueden ejercer otra función pública, excepto la legislativa. Los ministros no pueden ser gestores de intereses propios o de terceros ni ejercer actividad lucrativa, ni intervenir en la dirección o gestión de empresas ni asociaciones privadas".
Como se ha señalado anteriormente, Contraloría remitió este informe al Congreso y a la propia Dina Boluarte. Según informó Canal N, debido a la gravedad del asunto, la directiva del Parlamento habría decidido citar a las 11 de la mañana de este lunes a una sesión de Consejo Directivo, al ser un espacio más amplio y con mayores facultades que una Junta de Portaovces.
En el caso de confirmarse el fallo de Boluarte a la Constitución, la ministra de Desarrollo e Inclusión Social deberá de enfrentarse a una acusación constitucional en el Congreso, el cual podría terminar con la destitución de su actual cargo de ministra, pero no de vicepresidenta.