Dina Boluarte: Contraloría General de la República inicia acciones de fiscalización
La vicepresidente de la República y su cuñado, quien contrató con el Estado por S/ 8 mil en 2021, omitieron poner su vínculo de parentesco en sus declaraciones juradas.
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El último sábado, la Contraloría anunció que ha iniciado acciones de fiscalización contra la vicepresidenta de la República, Dina Boluarte y su cuñado, Alfredo Pezo Paredes. Este hecho se suma a la crisis política en la que se ha visto envuelto el Poder Ejecutivo, y por el cuál podría ser reemplazado en cuestión de semanas.
La decisión del organismo se da luego que la expresidenta del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), Mónica Yaya, presentara una acusación constitucional en contra de la también titular del Midis por la contratación de Pezo Paredes.
En un comunicado en redes sociales, la Contraloría señaló que Boluarte y su cuñado, quien fue contratado en 2021 por S/ 8 mil en el Estado, omitieron incorporar su vínculo de parentesco en sus declaraciones juradas.
Al respecto, la entidad liderada por Nelson Shack sostuvo que verificará la veracidad de los datos consignados a fin de determinar presuntos conflictos de intereses.
Fuentes de la entidad recordaron que, según el artículo 2.7 del anexo de la Ley 31227 que transfiere a la CGR la competencia para recibir y ejercer el control, fiscalización y sanción respecto a la declaración jurada de intereses de autoridades, servidores y candidatos a cargos públicos, en el formato de la declaración jurada de intereses se debe precisar la relación de personas que integran el grupo familiar.
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Posibles sanciones
El constitucionalista Aníbal Quiroga explicó que para que prospere la acusación se requiere de la ocurrencia de un delito. Agregó que, de admitirse, la acusación pasará primero por la SAC, luego por la Comisión Permanente y, finalmente, llegará al Pleno. “Si el Pleno la aprueba, la funcionaria podría ser destituida y puesta a disposición de la Corte Suprema, de acuerdo con el artículo 99 de la Constitución”, sostuvo.
Para la penalista Cecilia Madrid, se trataría del delito de falsa declaración en proceso administrativo por parte de Boluarte y Pezo. “Si la Contraloría corrobora la falsedad, puede remitir la información al Ministerio Público para la denuncia correspondiente. El delito en cuestión es sancionado con una pena entre 1 y 4 años de pena privativa de libertad según el artículo 411 del Código Penal”, refirió a Perú21.