Perú Libre y Fuerza Popular con intereses comunes al aprobar tumbarse colaboración eficaz

Unidos más que nunca. Los parlamentarios Waldemar Cerrón y Hernando Guerra García presionaron para aprobar dictamen que afectará herramienta de lucha contra la corrupción.

Este acuerdo entre ambos partidos políticos, beneficiará a sus líderes Vladimir Cerrón y Keiko Fujimori, investigados por crimen organizado. Por esta vez, Cerrón y Guerra García olvidaron sus diferencias y decidieron modificar las reglas de la colaboración eficaz.

Como se recuerda, los líderes de ambos partidos políticos, tienen una serie de denuncias y procesos legales, y a pesar de ello, impulsaron la aprobación de un proyecto de ley que busca afectar las normas que regulan la colaboración eficaz, una de las principales herramientas de la lucha contra la corrupción.

Hace exactamente un mes, los dos parlamentarios y voceros de Perú Libre y Fuerza Popular, junto con otros nueve colegas de la Comisión de Justicia, aprobaron el dictamen que modifica la colaboración eficaz.

Con ello, están imponiendo no solo cambios que harán daño a los actuales procesos en curso, sino también incorporando penas de cárcel para quienes filtren o difundan los testimonios.

De acuerdo a las actas de las reuniones, en la Comisión de Justicia del 22 de agosto de 2021, Waldemar Cerrón exigió darle prioridad al debate del dictamen al proyecto de la reforma de la Ley de Colaboración de Eficaz.

Pero eso no es todo, esa misma fecha, el congresista de Fuerza Popular Hernando Guerra García también instó a la presidenta de la Comisión de Justicia, Gladys Echaíz Ramos (APP), a discutir el dictamen para cambiar la colaboración eficaz.

Los parlamentarios de Fuerza Popular (Hernando Guerra García, María Cordero Jon Tay y Cruz Zeta Chunga) y los de Perú Libre (Waldemar Cerrón Rojas, Guido Bellido Ugarte y Álex Paredes Gonzales) votaron a favor del dictamen que modifica gravemente las normas de colaboración.

Mientras tanto, otros cinco legisladores votaron en el mismo sentido, con lo que han dejado expedito el dictamen para que sea sometido a debate en el Pleno del Congreso.

Según explicó el fiscal José Domingo Pérez al diario La República, el objetivo fundamental del proyecto de la Comisión de Justicia es desalentar a los integrantes de las organizaciones criminales a solicitar acogerse a la colaboración eficaz, lo que beneficia a los actuales investigados, como Keiko Fujimori y Vladimir Cerrón.

“En 2020, este proyecto de ley se aprobó, pero fue observado por el presidente Francisco Sagasti y regresó al Congreso de la República. Una de las observaciones era la modificación de la colaboración eficaz para perjudicar el desarrollo de los procesos que se habían iniciado mediante este mecanismo”, indicó.

Pérez, también detalló que, por eso, es obvio que existe un conflicto de intereses entre quienes están sometidos a procesos penales a partir de la información que está entregándose por la colaboración eficaz, y entre quienes son los actores que representan a estos intereses en el Congreso.

Para el fiscal, se entiende que esto no es una posición personal, o del Equipo Especial. Es una posición de la Fiscalía y de la Procuraduría. Uno de los aspectos más controvertidos del dictamen aprobado por la Comisión de Justicia, es el artículo 2, sobre “revelación indebida de información reservada”.

Por su lado, la congresista Ruth Luque Ibarra, de Juntos por el Perú, e integrante de la Comisión de Justicia, se negó a otorgar el voto al dictamen contra la Ley de Colaboración de Eficaz por considerarlo dañino para la lucha contra la corrupción.

“El dictamen aprobado por la Comisión de Justicia recoge en buena cuenta una iniciativa legislativa que fue presentada por el partido político Podemos Perú, que debilita el trabajo de los fiscales que han venido utilizando la colaboración eficaz para la lucha contra la corrupción”, dijo Ruth Luque.

Carlos Rivera, del Instituto de Defensa Legal (IDL) señaló que el objetivo de la comisión de Justicia es que no haya colaboradores eficaces, y lo que pretenden es que las investigaciones se frustren o simplemente no avancen.

Para Rivera, este hecho planea que la Fiscalía no cuente con ninguna evidencia, o que la evidencia sea insuficiente para que el caso no prospere y sea archivado. “Los que han redactado el proyecto saben perfectamente el daño que pueden generar en cuanto a la criminalización de los fiscales y a la persecución de periodistas”, señaló.