Ejecutivo dio por terminada la designación de Daniel Soria como procurador

La Contraloría General de la República advirtió sobre indicios de irregularidad en su designación como procurador general del Estado. El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos dio por concluida la designación de Daniel Soria, según la edición extraordinaria del boletín de Normas Legales del diario oficial El Peruano.

De acuerdo al contenido del escrito, de considerativa indica que el literal c) de la Sexta Disposición Transitoria de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo establece que el presidente de la República mediante resolución suprema puede remover por causal de pérdida de confianza a los titulares, jefes, presidentes e integrantes de los Consejos Directivos o directorios de los organismos públicos.

Esta ley tiene como excepción a los organismos reguladores que actúan en representación del Poder Ejecutivo. En este contexto, se señala que esta decisión es conforme con lo dispuesto en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; el Decreto Legislativo Nº 1326, que reestructura el Sistema Administrativo de Defensa Jurídica del Estado y crea la Procuraduría General del Estado y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 018-2019-JUS.

También se puede observar en la publicación oficial, que la resolución suprema Nº 024-2022-JUS lleva la firma del presidente Pedro Castillo y el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Aníbal Torres.

Es importante recordar, que, a través de un informe de la Contraloría General de la República, fechado en 31 de enero de 2022, advierte sobre indicios de irregularidad "que afectarían el proceso de designación" del procurador general del Estado, Daniel Soria, en el cargo desde febrero de 2020.

En dicho documento preparado por la Oficina de Control Interno (OCI) del Ministerio de Justicia señala que la designación del procurador Soria se realizó "sin que haya acreditado trayectoria en la defensa jurídica del Estado, tal como lo establece la normativa que regula los requisitos para acceder a este cargo".

Además, indica que la resolución suprema de su designación se emitió "sin contar con el informe técnico o legal que la sustente, situación que afecta la legalidad de la designación de su titular". Como se recuerda, en diciembre pasado, el procurador general del Estado presentó ante la fiscal de la Nación un escrito en el cual denuncia al presidente de la República, Pedro Castillo Terrones, por la presunta comisión de los delitos de patrocinio ilegal y tráfico de influencias.

La denuncia se sustenta en las presuntas reuniones con la empresaria Karelim López Arredondo y que se habrían realizado con la finalidad de que el consorcio Puente Tarata III gane la buena pro de una obra. Algunas de las reuniones que se mencionan en la denuncia se habrían realizado en el inmueble ubicado en el pasaje Sarratea 179, en el distrito limeño de Breña.