En la mira: 16 congresistas tienen investigaciones por diversos delitos en Fiscalía

¡No son santas palomas! De los 130 parlamentarios en actividad, 16 tienen problemas con la justicia. Se presume que han cometido una serie de delitos durante el ejercicio de la función pública, en los cargos que tuvieron antes de llegar al Congreso.

Así lo reveló información de los archivos de la Procuraduría Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, a los que el Centro Liber ha tenido acceso, de acuerdo a lo que público en sus redes sociales.

Si bien algunos casos se tratan de investigaciones en su fase inicial de indagación preliminar, pero en otros ya están al borde o en el proceso del juicio público.

Por ejemplo, hay casos muy conocidos como el del parlamentario de Podemos Perú José Luna Gálvez sobre las actividades de la red ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’ en el desactivado Consejo Nacional de la Magistratura, que tenía el fin de conseguir la suscripción electoral de su agrupación política.

Pero, además, hay otros menos conocidos como el del congresista de Alianza para el Progreso Luis Raúl Picón Quedo, quien podría registrarse en los “récords Guinness”.

De acuerdo a la documentación que entregó la Procuraduría Anticorrupción, este afrontaría 24 procesos judiciales en curso. Su nombre se repite en todos los cuadros difundidos por el Centro Liber.

El congresista Picón tiene 15 investigaciones en etapa preliminar, por presuntos actos de corrupción en el Gobierno Regional de Huánuco y la Municipalidad Provincial de Pachitea.

Otras tres investigaciones en etapa intermedia, lo que supone control de acusación por delitos de colusión agravada y negociación incompatible con el cargo. Más otros tres procesos en etapa de juicio y otros tres más formalizados.

Esto quiere decir, que se trataría de un legislador con una gran experiencia en investigaciones penales. En uno de los casos la Procuraduría está solicitando que pague un millón es soles como reparación civil.

La fiscal Ingrid Milla Gargurevich, de la Tercera Fiscalía Penal de Huánuco, ha pedido para Picón Quedo una pena de seis años de cárcel por el delito de usurpación de funciones.

De acuerdo con la Contraloría, Luis Picón se atribuyó la potestad y expidió 98 certificados ambientales para proyectos de inversión pública, lo que era competencia exclusiva de los ministerios de Agricultura, Transporte y Comunicaciones, Salud, Vivienda y Contracción y Saneamiento.

De acuerdo con información pública, también se le investiga por narcotráfico y lavado de activos. Procesos en los que no intervienen las fiscalías anticorrupción, por lo que la cantidad de investigaciones en contra de Luis Picón podría ser mayor.

Por otro lado, el partido Alianza para el Progreso tiene dos legisladores bajo la mira del Ministerio Público: Magaly Ruiz Rodríguez, en su calidad de exgerente de la Municipalidad de La Esperanza; Eduardo Salhuana Cavides e Idelso Manuel García Correa.

El partido de Gobierno, Perú Libre, tiene dos congresistas en investigación: Waldemar Cerrón Rojas y Óscar Zea Choquechambi afrontan procesos judiciales. Cerrón por su paso en el gobierno regional de Huancayo y Zea por la municipalidad de Huancane.

Igual, dos congresistas del opositor Fuerza Popular: Jorge Morante Figari en el Gobierno Regional de Loreto y Nilza Chacón Trujillo son objeto de investigaciones por parte de la Fiscalía.

Patricia Hoyos, directora de Centro Liber, señaló que es un proyecto de Ipys orientado a promover la transparencia y el respeto al derecho ciudadano de acceder a información que se encuentra en poder de las instituciones públicas. “Consideramos que una ciudadanía informada oportunamente puede ejercer una correcta supervisión sobre la función pública y, en consecuencia, reducir los espacios de secretismo político y de corrupción”, indicó Hoyos.

También manifestó que la transparencia es una pieza importante en una sociedad democrática, por lo que, “en amparo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, estamos aplicando los procedimientos para acceder a información relevante y actual, como ha sido el tema de los congresistas investigados por corrupción”.

No obstante, advertimos ciertas dificultades en el proceso, siendo nuestro compromiso ciudadano estar vigilantes de que los funcionarios cumplan con respetar los principios de publicidad y de transparencia, que son obligaciones establecidas en la Constitución y en la Ley. No debemos escatimar ningún esfuerzo por combatir con la denominada cultura del secreto político.