Inmueble vinculado a PPK seguirá incautado por el caso Odebrecht

Un predio ubicado en la calle Choquehuanca N° 967-953, en San Isidro, al costado de la vivienda del expresidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK), se mantendrá incautado por las autoridades en la investigación que se le sigue al exfuncionario en el caso Westfield Capital (Odebrecht).

La medida contra el inmueble fue confirmada el último miércoles 5 de enero por la Tercera Sala de Apelaciones Nacional, tribunal que ratificó una orden impuesta en julio del año pasado y que reportó este diario en su oportunidad.

Según la resolución de la Sala integrada por los jueces superiores Yeni Magallanes, Helbert Barreda y Víctor Enríquez, a la que accedió La República, se rechazó un recurso de la empresa Dorado Asset Management Company S.A.C. (cuyo propietario es PPK) en la que solicitó que se varíe la incautación (hecha contra bienes producto de un presunto delito) por la medida de inhibición (que permitiría retomar el control del inmueble y aplicarle restricciones como el impedimento para venderlo, transferirlo o alquilarlo).

“La incautación no puede ser variada a una orden de inhibición, toda vez que esta última no puede imponerse sobre los efectos provenientes de la infracción penal, los instrumentos con que se hubiese ejecutado o en los objetos del delito, por no ser compatible con la naturaleza de la medida cautelar, más allá del criterio de la regla de mezcla que propone el recurrente”, señala el documento.

Es decir, que al criterio del tribunal, no se puede aplicar la inhibición al inmueble porque ello solo se puede efectuar a propiedades que no tengan relación con un delito. Dado que la postura del fiscal José Domingo Pérez en la investigación es que el predio se compró con dinero ilícito de Odebrecht, lo que le corresponde es mantenerse incautado.

La Tercera Sala también advirtió que, si se deja sin efecto la incautación, sus accionistas PPK y su esposa Nancy Lange podrían transferir el inmueble y “dificultaría la posibilidad de aplicar la consecuencia accesoria del decomiso en el supuesto que se llegue a probar la procedencia ilícita de las propiedades afectadas”.

A Pedro Pablo Kuczynski se le indaga por lavado de activos y haber cometido este delito, presuntamente, entre los años 2003 y 2015, bajo el agravante de haber integrado una organización criminal.

Actualmente, PPK viene cumpliendo arresto domiciliario desde el 2019 y que vence en abril de 2022 junto a otra serie de restricciones.

El expresidente, en este sentido, “promulgó normas adecuadas para la materialización de acuerdos corruptos, con el propósito de que se le otorgue la buena pro a las concesionarias IIRSA SUR (tramos 2 y 3) y Trasvase Olmos para que Westfield Capital Ltd. sea contratada en la estructuración financiera que debían cumplir las concesionarias como una exigencia en las bases”.

Las asesorías realizadas por Westfield a las concesionarias (integradas por Odebrecht), asimismo, dieron como resultado presuntas ganacias ilícitas que luego fueron transferidas a diversas cuentas del Perú y el extranjero. En esta investigación también está incluido el exsocio de PPK, el economista chileno Gerardo Sepúlveda; el exchofer de PPK, José Bernaola, y Gloria Kisic, su exsecretaria personal.

(Con información de Alonso Collantes/LR)