Avanza País: Proponen que ministros no tengan investigación o sentencia por terrorismo

A pesar que solo tienen horas desde su anuncio, ya son tendencia en redes sociales. La bancada de Avanza País presentó un proyecto de ley que plantea que no pueden ser ministros de Estado quienes estén afrontando una investigación o tengan sentencias por terrorismo, apología de un delito y corrupción.

Estamos hablando de la propuesta legislativa 037-2021-CR, que también señala que los ministros designados tampoco deberán estar siendo investigados o tener condenas por narcotráfico, violación sexual, crimen organizado y omisión a asistencia familiar.

El proyecto precisa que si alguno de los ministros de Estado, resulta ser investigado o procesado por alguno de los delitos referidos, inmediatamente, es removido del cargo y el Presidente de la República procede a designar a su reemplazo.

Dicho documento, presentado a iniciativa de la legisladora Rosselli Amuruz Dulanto, recalca que los ministros “no podrán ni generar una duda de vinculación”, por lo cual hasta la fecha anterior y durante su mandato no deberían de haber sido investigados ni mucho menos sentenciados por los delitos mencionados.

La legisladora Amuruz Dulando, indicó que no se trata de cuestionar la presunción de inocencia, sino de construir una base sólida para el buen gobierno sin incurrir en abuso de los juramentos o en desviación de poder, manteniendo un ejercicio proporcional, racional y razonable del poder, respetando el Estado de Derecho y libertades fundamentales.

Amuruz, también enfatizó que busca cumplir “con los principios de responsabilidad, eficiencia y eficacia en el ejercicio del poder, ejecutando los principios constitucionales de justicia, equidad y de igualdad con una toma de decisiones públicas que, en modo democrático y participativo, con plena rendición de cuentas y transparencia y medidas efectivas de combate a la corrupción.

La iniciativa legislativa precisa que se busca evitar posibles conflictos de interés y que “es inaceptable” que los ministros puedan estar vinculados con “actividades ilícitas e inmorales que justamente son objeto de lucha contra éstas”.