¿Manuel Merino obtendrá beneficios vitalicios por su Gobierno de facto?

Manuel Merino se autoproclamó presidente de la República tras el golpe de Estado y podría recibir los beneficios de un mandatario.

La nueva Mesa Directiva del Congreso de la República deberá evaluar y determinar si Manuel Merino contará con todos los beneficios que tiene un exmandatario del Perú, los cuales son otorgados de por vida y constituyen un gasto del tesoro público.

Como se recuerda, Manuel Merino decidió renunciar a la presidencia de la República ante la ola de protestas y los asesinatos de dos jóvenes que marcharon en su contra, obligándose a dar un paso al costado para la formación de un nuevo Gobierno que combata la crisis del Perú.

¿Qué dicen la ley sobre la situación de Merino?

La ley señala que un expresidente debe recibir de manera mensual una pensión de 15.600 soles, un vehículo, un chofer, agentes de seguridad y seguros de salud. Del mismo modo, el pago en efectivo de galones de gasolina para movilizarse por todo el país y la protección del antejuicio durante 5 años después de terminada sus funciones.

La asunción ilegítima de Manuel Merino a la presidencia de la República, luego de la vacancia a Martín Vizcarra, provocó que la población saliera a las calles a manifestarse. Esto acabó en el asesinato de dos jóvenes y desencadenó la posterior renuncia de Merino de Lama.

En diálogo con La República, el constitucionalista César Delgado-Guembes, expresó que por razones de proporcionalidad y razonabilidad probablemente no se le reconozca este beneficio. Asimismo, aclaró que la Mesa Directiva del Congreso es la que finalmente decidirá.

“La Mesa Directiva del Congreso determina si es que para Merino, que ha tenido una semana en el cargo, le corresponderá todos los beneficios que son propios de un presidente de la República. No es lo mismo que se ocupe la presidencia 5 días, a que se ocupe 5 años, ese es el dilema que tendrá que resolver la Mesa Directiva. La ley manda que así sea, pero la ley no distingue si es que es equivalente para una persona que ha sido presidente regular a una persona que no. Por razones de proporcionalidad y razonabilidad, probablemente no se le reconozca el beneficio”, señaló Delgado-Guembes.

Protección del antejuicio

El constitucionalista Omar Cairo, en conversación con este diario, explicó que otro de los beneficios como expresidente que gozaría Merino sería el antejuicio durante 5 años. Es decir, que no se le podría procesar penalmente por delitos que habría cometido en el ejercicio de su función presidencial sin un antejuicio previo en el Congreso hasta 5 años después de finalizado su gobierno.

Sin embargo, Cairo explica que la Fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, podría presentar una denuncia constitucional contra el congresista acciopopulista, lo que que activaría antes un antejuicio en el Congreso.

“El Congreso recibe la denuncia constitucional y la subcomisión de investigación decide si inician el antejuicio acusando al expresidente en la Comisión Permanente ante el Pleno y este decide si habilita el proceso judicial, en cuyo caso la fiscal estaría obligada a denunciar al expresidente ante el vocal instructor de la Corte Suprema”, aclaró Cairo.

Con información de La República. 

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