Congreso sugiere que Martín Vizcarra sea inhabilitado de ejercer cargos públicos por 10 años
El parlamentario Edgar Alarcón, quien es investigado por diferentes hechos de corrupción, preside la Comisión de Fiscalización que hace esta recomendación.
Únete al canal de Whatsapp de Wapa
El expresidente del Perú, Martín Vizcarra, podría quedar inhabilitado de ejercer cargos públicos por diez años, según recomienda la Comisión de Fiscalización del Congreso de la Republica, presidida por Edgar Alarcón por el caso de Richard Cisneros.
Este grupo de trabajo del parlamento concluye que Vizcarra habría incurrido en los supuestos delitos de encubrimiento real, obstrucción a la justicia, peculado, colusión, cohecho propio pasivo, negociación incompatible y aprovechamiento indebido del cargo.
TE PUEDE INTERESAR: Martín Vizcarra: “¿Otro enredo para entorpecer la eliminación de la inmunidad parlamentaria?”
RPP Noticias accedió al documento de la Comisión de Fiscalización. Este desliza la posibilidad de que Martín Vizcarra lideraría una organización criminal, la cual habría captado Palacio de Gobierno para utilizar su poder político y así contratar personas de su entorno, entre los que se encuentran Richard Cisneros.
“Se ha comprobado que estamos ante una organización criminal que habría capturado el Poder Ejecutivo y sus dependencias, para utilizar el poder político con el que contaba su líder y jefe, el ex mandatario Martin Vizcarra, y sus miembros – servidores, asesores y autoridades en diversas entidades del Estado - para contratar a las personas de su entorno, beneficiándolas a través del uso de recursos del Estado, conforme a la norma penal señal”, señala el informe.
LEE TAMBIÉN: Personal de seguridad de Vizcarra arrebata violentamente pancarta a mujer que protestaba
CONOCE MÁS: Congreso aprobó proyecto de ley que plantea eliminar el régimen CAS en el sector público
Asimismo, el documento indica que los exministros de Agricultura y Riego, Gustavo Mostajo, Fabiola Muñoz y Jorge Montenegro, habrían cometido delitos de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales, colusión agravada y tráfico de influencias.
Por último, se recomienda que se investigue a los exministros de Cultura, Transportes y Comunicaciones, Vivienda y Construcción, Educación y Defensa entre los años 2018 y 2020, por haber permitido que se ejecuten “actos ilegales e ilícitos durante su gestión”.
