Congreso recibió proyecto de ley del Ejecutivo que busca anular multas a transportistas
El Ministerio de Transportes señaló que, en este grupo, no serán incluidas las personas que hayan tenido faltas graves.
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El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), las rúbricas del presidente Pedro Castillo y el premier Aníbal Torres, envió un proyecto de ley al Congreso que busca condonar las multas impuestas a los conductores durante la pandemia del COVID-19.
De esta forma, la mencionada entidad responde a las demandas de los protestantes quienes ejecutaron medidas de fuerza en el interior del país así como en Lima, ya que dentro de este grupo se encuentran autos colectivos y mototaxis.
Amnistía y sus límites
Cabe señalar que esta "amnistía" tiene un límite, el cual se emplaza en que los choferes que hayan cometido faltas graves durante este tiempo no serán comprendidos en el grupo.
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Es decir, los que hayan atentado contra la seguridad vial (conducir en estado de ebriedad o manejar superando el límite de velocidad) o la vida (agredir a inspectores de la ATU o Sutran) no formarán parte de este beneficio.
Tampoco estarán los transportistas de carga que trasladaron materiales o residuos altamente peligrosos sin tener la autorización respectiva en su desplazamiento o su vehículo no había sido habilitado para el mismo.
"La amnistía es aplicable a las infracciones cometidas desde el 16 de marzo del 2020 y busca eliminar legalmente la sanción administrativa. Y es que los transportistas han sido afectados, económicamente, por la reducción del aforo y el alza de los combustibles", argumenta el PL.
Expertos en contra de la medida
El presidente de la Fundación Transitemos, Alfonso Flórez, lamentó que el Poder Ejecutivo haya enviado esta propuesta al Congreso. Consideró que es una imagen de impunidad.
“Pero no es nuevo. Ya lo hacen los municipios con rebajas de multas”, señaló y a su vez precisó que podrían eliminarse el 90% de actas de control realizadas por personal de Sutran y ATU, respecto a vehículos que no tenían autorización de circular o que se habían detenido en paraderos prohibidos.
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Mientras que el director de la ONG Luz Ámbar, Luis Quispe Candia, expresó que este recurso expone un mal precedente. Pidió al Congreso que pueda rechazar esta iniciativa.
“En este caso, hemos propuesto que se habiliten juzgados administrativos de tránsito, para que sean jueces quienes se encarguen de dictaminar la multa y ya no las municipalidades u otras instituciones. Esto haría que ya no haya excesos, por un lado, ni papeletas sin pagar, por otro, como hoy ocurre”, dijo.
