Este mes es decisivo para la excongresista. El 11 de marzo, la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, interpuso una denuncia constitucional ante el Congreso de la República en contra de Luciana León.
Los delitos que se le imputa son por diversas irregularidades que habría cometido mientras ejercía funciones. Estos se asocian con su involucramiento con la organización criminal Los Intocables Ediles, pero sus acciones ilícitas serían más.
Pero eso no es todo, León Romero está siendo acusada por la Fiscalía por la presunta comisión “en calidad de autor” de los delitos de tráfico de influencias agravado, organización criminal, cohecho pasivo impropio y peculado doloso por apropiación en agravio del Estado peruano.
Sobre el tema, la tesis fiscal señala que la exlegisladora habría “desplegado acciones con la finalidad de favorecer la presunta organización criminal Los intocables ediles de La Victoria, liderada por el exalcalde Elías Cuba”.
Como se recuerda, el 3 de junio de 2021, se presentó ante el Ministerio Público y rechazó todos los cargos que se le imputan. Dijo que nunca había sido investigada por hechos similares.
Una de las primeras denuncias es la de una presunta contratación ficticia de trabajadores. La fiscalía sostiene que la política “habría contratado personal de confianza para que trabaje en su oficina, sin embargo, no realizaba labores efectivas”.
En esta oportunidad, las personas contratadas eran Celso Albert Omar Carranza Mosquiera, María Ángela Ayala Díaz, Edward Esteban Paz Arista, Roberto Cabrera del Castillo, Jessica Teresa Mayer Vásquez e Ydo Johnny Vásquez Peña.
“El peculado es el hurto al Estado y sanciona al funcionario que se apropia o se queda con bienes público que le han dado para hacer ciertas cosas vinculadas con el despacho. La pena es de 4 a 8 años. En el caso de Luciana León hay un agravante (pertenecer a una organización criminal) y la pena podría ir de 8 a 15 años de prisión”, explicó la abogada penalista Romy Chang a El Comercio.
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Como si fuera poco, el documento de la denuncia constitucional también señala el presunto rol de León Romero en Los Intocables Ediles. Se menciona que, según las investigaciones realizadas por la Segunda Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima - a cargo de investigar el caso, la excongresista sería el “brazo legal político” de la presunta organización criminal.
La exparlamentaria habría estado encargada de “ampliar la red de contactos y vínculos de la línea de dirección con claros fines económicos”. Por su lado, la fiscal también señala a Betsy Matos, exasesora de León en el Congreso, “como una de las personas que integraría tal área” en la red criminal.
Mientras tanto, el Ministerio Público sostiene que, para lograr sus cometidos, la organización liderada por el exalcalde de La Victoria, Elías Cuba, y Alex Peña Quispe disponía de “un área de protección policial”. Los miembros ya fueron identificados y se encuentran bajo investigación fiscal.
El delito en este caso específico sería el de asociación ilícita para delinquir y sanciona a cualquier persona que pertenezca a alguna organización que se dedica sistemáticamente a cometer delitos.
Dato
La excongresista habría “gestionado”, a través de Matos, “la implementación de una fábrica de ladrillos en el terreno de propiedad de Juan Peña Quispe (hermano de Alex Peña)”. Esto se habría hecho para contactar con funcionarios de la Municipalidad Provincial de Trujillo “para viabilizar y facilitar los objetivos” de la organización.
Del mismo modo, el Ministerio Público también manifestó que la exlegisladora habría recibido “sumas de dinero a cambio de sus gestiones ilícitas que se habrían dado desde el mes de marzo de 2017 hasta el mes de mayo de 2018″.