SAC designó a Cavero la denuncia constitucional contra Merino por las marchas de noviembre de 2020
Manuel Merino, Ántero Flores-Aráoz y Gastón Rodríguez fueron denunciados por la Fiscal de la Nación por los crímenes policiales en las marchas de noviembre 2020 que terminó con la muerte de dos jóvenes.
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La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) del Congreso eligió al congresista Alejandro Cavero, de la agrupación derechista Avanza País, como el encargado de llevar la denuncia constitucional contra el dictador Manuel Merino, el expremier ministro Ántero Flores-Aráoz y el exministro del Interior Gastón Rodríguez, por los crímenes policiales cometidos contra Inti Soterlo y Bryan Pintado, hechos que pasaron el 14 de noviembre del 2020.
Estos tres ex altos funcionarios fueron denunciados por la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, por la muerte de los jóvenes Sotelo y Pintado, y las lesiones que sufrieron 78 personas durante las marchas en contra de la designación de Manuel Merino como presidente. Al exmandatario y a sus exministros se les señala de presuntamente haber cometido los delitos de homicidio y de lesiones graves y leves.
Killa Sotelo, quien desde un inicio ha estado buscando justicia para su hermano Inti, se ha pronunciado, y le ha pedido al congresista Cavero que “no sea cómplice”. “En tus manos está la búsqueda de justicia y reparación ante todos los hechos que violentaron los derechos humanos de muchos peruanos el 14 de noviembre. Por la memoria de Inti Sotelo y Bryan Pintado”, le dijo al congresista.
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Pide justicia y reparación
Sotelo recordó que han “pasado un año y dos meses y aún no se ha iniciado el proceso judicial a los acusados de la violenta represión que ejercieron los agentes de la Policía Nacional del Perú”, y que “quienes tenían el deber de cuidado omitieron sus funciones constitucionales y legales básicas, en un contexto de violación de derechos humanos”.
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Añadió que los familiares de las víctimas estarán vigilantes de este proceso, y pidió justicia y reparación. Asimismo, hizo un llamado a que la defensa de los derechos humanos estén “por encima de los intereses particulares”.
“Las familias y la población exigen justicia, no repetición, una reforma policial, reparación y sanciones ejemplares. Abajo la ley del gatillo fácil”, concluyó.
