Admiten denuncias constitucionales contra Zoraida Ávalos y Walter Gutiérrez
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El proceso continúa. La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) del Congreso de la República declaró procedentes las denuncias constitucionales contra la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, y el defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez. Ahora.
En esta línea, el subgrupo que preside la parlamentaria Rosio Torres (Alianza para el Progreso) deberá solicitar a la Comisión Permanente la aprobación del plazo para que se realicen las investigaciones correspondientes, así como la presentación de los informes finales.
Como se recuerda, la denuncia constitucional 115 (ex 468) contra la titular del Ministerio Público fue presentada por la excongresista de Podemos Perú y actual aspirante a magistrada del Tribunal Constitucional, María Cabrera Vega, por los presuntos delitos de omisión de funciones y encubrimiento personal.
Esta investigación se inició a raíz de que Ávalos se inhibió de ver el caso de la presidenta del Poder Judicial, Elvia Barrios, alegando que son amigas. Asimismo, la SAC admitió la denuncia 45 (ex 363) contra el defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, por la supuesta infracción de los artículos 139 y 162 de la Constitución.
Gutiérrez también está señalado en el caso de la posible comisión de los delitos de abuso de autoridad y avocamiento ilegal de procesos en trámite. Esta última acusación se formuló por el empresario Antun Ucovich, quien también imputó a la exministra de Mujer y Poblaciones Vulnerables, Silva Loli. Sin embargo, fue archivada por la subcomisión.
En la cita de ayer martes 18 de enero, también se mandó al archivo la denuncia constitucional que ingresó el destituido exfiscal Tomás Gálvez contra el fiscal supremo y jefe del equipo fiscal del caso Cuellos Blancos, Pablo Sánchez, quien lo calificó como “hombre clave” dentro de la presunta organización criminal.
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Gálvez interpuso la demanda en 2020 ante el entonces Congreso que presidía el acciopopulista Manuel Merino. En el documento, acusó a Sánchez de haber violado el artículo 39 de la Constitución Política, que establece que “todos los funcionarios y servidores públicos están al servicio de la Nación”.
Del mismo modo, le atribuyó la presunta comisión de ocho delitos en su función como fiscal supremo y cuando fue titular del Ministerio Público: encubrimiento personal agravado, encubrimiento real, abuso de autoridad, patrocinio ilegal, colusión agravada, usurpación de funciones, revelación indebida de identidad agravado y falsedad ideológica.