Congresistas quieren recomponer la Sunedu. En el pleno del Congreso, legisladores de Renovación Popular, Fuerza Popular y Perú Libre insistirán en tumbar la reforma universitaria al promover la aprobación de los proyectos de ley que pretenden, primero, darles un nuevo salvataje a las universidades no licenciadas.
En segundo lugar, lo que quieren es convertir a la Sunedu en una figura similar a la extinta Asociación Nacional de Rectores (ANR). Ayer, la Junta de Portavoces, bajo la conducción de la presidenta del Parlamento, Maricarmen Alva Prieto, acordó incluir diversos dictámenes a la agenda del Pleno. Además, amplió la legislatura hasta el 31 de enero.
El jefe de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu), Oswaldo Zegarra, solicitó ayer que la Comisión de Constitución del Congreso se pronuncie previamente sobre la iniciativa que “restablece la autonomía y la institucionalidad de las universidades peruanas”.
“Invocamos a la presidenta del Congreso a que este proyecto de ley sea evaluado antes por la Comisión de Constitución. Es importante recordar que el Tribunal Constitucional (TC) declaró que la Sunedu y la Ley Universitaria no son inconstitucionales”, indicó, pero no le hicieron caso.
Como se recuerda, hace un mes, en medio de votaciones confusas, interrupciones y debates poco técnicos, la mayoría de la Comisión de Educación aprobó ese proyecto de ley, de autoría de Esdras Medina (Renovación Popular) y Waldemar Cerrón (Perú Libre), el cual plantea incorporar al consejo directivo de la Sunedu a dos representantes de universidades públicas y a uno de privadas.
Por su lado, el jefe de la Sunedu reiteró que no se viola ninguna autonomía universitaria. “Quieren cambiarlo por representantes elegidos por los rectores para que participen en este directorio, lo cual les quita totalmente autonomía, ya que tienen que darles cuenta a ellos. Serían jueces y parte”, precisó.
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Desde diciembre, varios rectores se han manifestado en contra de esta propuesta debido a que consideran que no se ha dado una pérdida de autonomía.
La premier Mirtha Vásquez también ha mostrado su rechazo. En tanto, el presidente Pedro Castillo sigue aún en silencio.
En la agenda también se ha incluido el proyecto de ley que le da una nueva oportunidad a 11 universidades privadas asociativas con licencia denegada, como la UIGV.
El mayor impulsor de estas iniciativas es Esdras Medina, quien es presidente de la Comisión de Educación y ha estudiado una maestría en una universidad denegada, en un claro conflicto de intereses.
