El Ministerio de Economía y Finanzas no podrá legislar como se pretendia. El pleno del Congreso de la República optó por otorgar facultades legislativas al Gobierno pero de manera parcial. Fueron 96 votos a favor y 18 en contra, principalmente de las bancadas de Perú Libre y Juntos por el Perú, los que dieron luz verde para aprobar el texto sustitutorio planteado por la Comisión de Constitución del Parlamento.
"Nosotros hemos tomado muchas de las propuestas de las medidas del Ejecutivo y algunas que consideramos, que por las circunstancias actualmente estamos pasando por problemas de conflictividad social, sobre todo en la minería, no es necesario entregarlas y hacemos el llamado al ministro de Economía y Finanzas para que de inmediato presente sus proyectos de ley que nosotros estamos dispuestos de debatir rápidamente para que se pueda aprobar para lograr mayores recursos, pero que no sea discutido solo en cuatro paredes sino en la representación nacional", argumentó la presidenta de la Comisión de Constitución, Patricia Juárez.
Si bien el texto aprobado autoriza a que el Gobierno legisle en la mayoría de temas solicitados, apartó los temas vinculados a incrementos o modificación de las tasas de los impuestos.
PUEDES VER: Julio Velarde: Incremento del sueldo mínimo solo beneficiaría a un 10% de la población formal
REVISAR: Pedro Castillo: ¿Por qué fue denunciado el Presidente de la República?
De esta forma, el Poder Ejecutivo no podrá elevar los impuestos a la minería, una de las principales modificaciones que impulsaba el Gobierno. De acuerdo con Juárez, esta facultad fue denegada porque no se tiene precisión de cuáles serían las modificaciones y que, además, porque no se conoce el informe del Fondo Monetario Internacional (FMI) al que aludió el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) como sustento para obtener el permiso para legislar.
Otros de los asuntos que el MEF, mediante el ministro del sector, Pedro Francke, había destacado y que no podrán ser tocados por el Poder Ejecutivo, están vinculados a los impuestos, los alquileres (primera categoría) y a los que se paga por la venta de inmuebles, ganancias de capital, entre otros (segunda categoría).
El Gobierno tampoco podrá aumentar el impuesto a la renta a las personas naturales (cuarta y quinta categoría), ni reducir el límite de deducciones, como se había planteado en la solicitud presentada al Parlamento.
Del mismo modo, se dejó de lado la posibilidad de que el Gobierno pueda empezar a cobrar el Impuesto General a las Ventas (IGV) a las plataformas digitales, así como el eliminar la exoneración de dicho tributo a los seguros de vida.
En el caso del pedido de facultades en cuestiones económicas, el Gobierno no podrá legislar para que el Banco de la Nación otorgue créditos a personas naturales y mypes. Esto, de acuerdo a la explicación de Juárez, porque ahora se entra a una primera etapa de modernización de la entidad, cuyas normas sí podrán ser emitidas por el Poder Ejecutivo.
En esa misma línea, durante el debate en pleno, se decidió que no se incrementen los topes de las sanciones que la Superintendencia Banca, Seguros y AFP (SBS) aplica a las empresas del sistema financiero.
Como parte de la reactivación económica, el Poder Ejecutivo pidió al Congreso de la República poder legislar para elaborar una nueva ley de contrataciones del Estado. Sin embargo, este pedido también fue negado.
En materia tributaria, el Congreso sí adio luz verde a que el Gobierno emita leyes para luchar contra la evasión y elusión tributaria, con medidas como el RUC de oficio, acciones contra el mercado negro de facturas, entre otros temas. Además, se aprobó extender la exoneración del IGV para los alimentos y de esta manera evitar que los precios de productos de la canasta básica se eleven.
El Poder Ejecutivo, además, está autorizado a extender los beneficios tributarios que se aplican al sector agroexportador, a los sectores de acuicultura y forestal. A su vez, podrá realizar cambios para mejorar la tributación municipal.
A nivel de inversiones, se permite dilatar la aplicación del mecanismo de Obras por Impuestos en mantenimiento de infraestructura, así como dar facilidades para el inicio de obras en las Asociaciones Público – Privadas (APP), entre otros.