Procurador General del Estado pide reabrir investigación a Martín Vizcarra por caso Chinchero

Se reabrirá la carpeta fiscal. El Procurador General del Estado, Daniel Soria Luján, pidió a la Fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, que reinicie la investigación contra el expresidente Martín Vizcarra sobre el Caso Chincero.

Según el escrito enviado, solicita que se reanude la investigación del expresidente, en su condición de exministro de Transportes y Comunicaciones, por la presunta comisión del delito contra la administración pública en la modalidad de colusión y de forma alternativa por el delito de negociación incompatible en agravio del Estado.

Del mismo modo, Soria Luján sostiene que se han encontrado nuevos elementos de convicción que permitirían el transcurso del proceso y posible sentencia. Por ejemplo, se menciona el pliego de preguntas y respuestas de la interpelación contra el exministro que se le halló al gerente general de la Sociedad Aeroportuaria Kuntur Wasi S.A., José Carlos Balta del Río.

Para el Procurador General eso representa un indicio del nivel de coordinación y relación entre Vizcarra y el gerente general. Además, también se encontró dos proyectos que el Estado mandó a hacer a la Corporación Andina de Fomento (CAF) en poder de Balta del Río, los cuales servirían de apoyo para la firma del contrato.

En este caso, como irregularidad se ha comprobado que ambos proyectos estuvieron en manos del empresario antes que llegaran a poder de los funcionarios del Estado. Soria Luján también cuestiona el informe del 18 de noviembre del 2020. Señala que “no fue producto de una investigación con las reglas de un debido proceso, con el conocimiento previo de las partes procesales, especialmente al procurador público”.

Como se recuerda, el pasado 18 de noviembre del 2020, la Fiscalía de la Nación decidió cerrar la investigación contra el expresidente por el Caso Chinchero. Sin embargo, esta decisión recién fue informada oficialmente a la Procuraduría General del Estado el pasado 19 de noviembre del 2021 y se hizo a pedido del mismo procurador Soria.

El documento presentado por el Procurador General resalta que en el informe del 18 de noviembre del 2020 “no se determina que los hechos investigados no constituyen delito en base a la documentación elevada por la fiscal provincial, sino más bien, únicamente se limita a observar que tales documentos no fueron debidamente contextualizados a través de una imputación de parte de la fiscal provincial, quien, a juicio de la fiscal de la Nación, no realizó ningún análisis de los documentos elevados, así como relacionarlos con imputaciones concretas al investigado”.

También se responsabiliza a Vizcarra Cornejo de sostener reuniones previas con personas del consorcio, donde también habría participaron otros funcionarios del Estado.