Pedro Castillo: las acusaciones de la fiscal Zoraida Ávalos contra el presidente

El Ministerio Público continúa en su intento por relacionar directamente al presidente Pedro Castillo con los presuntos casos de corrupción por los que viene siendo investigado: intromisión en los ascensos militares, y favorecimiento en la contratación de empresas presuntamente vinculadas con sus allegados.

Al respecto, la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, considera que existe presunta actuación ilegal del mandatario Castillo en el proceso de ascensos de grado en las Fuerzas Armadas. Sin embargo, los oficiales supuestamente beneficiados por el mandatario no fueron beneficiados.

El propio ex comandante general del Ejército general de división EP José Vizcarra Álvarez reconoció que la propuesta de ascensos en el Ejército que él presentó fue respetada escrupulosamente por Pedro Castillo. 

En las copias de los chats de WhatsApp que el presidente Castillo compartió con Vizcarra se aprecia que el mandatario pregunta por la posibilidad de ascenso de algunos oficiales, pero al final nadie es promovido al grado de general de división al margen de la propuesta del Ejército.

Lo mismo sucedió en la Fuerza Aérea del Perú (FAP). Se atribuye al exsecretario de la Presidencia Bruno Pacheco haber solicitado ascender de grado al mayor general FAP Edgar Briceño Camero. Pero este oficial al final no recibió dicho grado y pasó al retiro.

Es necesario resaltar que ninguno de los oficiales promovidos al ascenso supuestamente por el presidente Castillo recibieron el grado. Por el contrario, fueron dados de baja por renovación de cuadros.

Para la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, existen suficientes indicios para abrir investigación al presidente Castillo por este caso. En dicha investigación, la fiscal debió probar que el mandatario alteró, modificó o cambió la propuesta del Ejército sobre los ascensos de grado, sin embargo, esto no ha sucedido; según lo señalado por el propio ex comandante general del Ejército José Vizcarra.

En el caso del presunto otorgamiento de la buena pro al Consorcio Tarata III, que está compuesto por la empresa Termirex, presuntamente relacionada con Karelim López Arredondo, la fiscal también acreditó que el mandatario deberá responder sobre su presunta participación o influencia.

Castillo podría ser investigado por supuestamente haber ejercido influencia sobre el organismo Provías Nacional para que el Consorcio Puente Tarata III ganara la licitación luego de que Karelim López sostuviera una reunión con el mandatario. Para ello, la fiscal debería demostrar que el mandatario presionó o influyó sobre los funcionarios de Provías Descentralizado -un organismo del Ministerio de Transportes y Comunicaciones- para otorgar un contrato de 232,5 millones de soles al Consorcio Tarata III

“Se le atribuye al presidente Pedro Castillo Terrones haber intervenido, indebida e indirectamente, en el proceso de licitación (...) de Provías Descentralizado (para que) otorgue la buena pro a favor del consorcio Puente Tarata lll. Para lograr ello, habría contado con la participación de Karelim López Arredondo, con quien mantenía un vínculo amical, al igual que su entonces secretario general Bruno Pacheco Castillo; y quien, además, habría asesorado al citado consorcio; por tanto, este habría gestionado los intereses ante el presidente”, señala la resolución fiscal.

El tercer caso abierto contra Castillo está referido al contrato por US$ 74 millones por la compra de biodiésel B100 a favor de la compañía Heaven Petroleum Operators (HPO), del empresario Samir Abudayeh.

De acuerdo con la fiscal de la Nación, después de dos reuniones que sostuvieron el 15 y 18 de octubre del año que pasó, entre Castillo y Abudayeh, Petroperú contrató a HPO. Será muy complicado para las autoridades demostrar que la empresa estatal de hidrocarburos favoreció a HPO a pedido de Castillo. ¿La razón? La empresa de Samir Abudayeh es la más importante proveedora de biodiésel B100 en el país, y con precios menores respecto al mercado internacional, por lo que no debería sorprender que Petroperú le comprara el producto.

El gerente de Petroperú, Hugo Chávez, y el gerente de HPO, Samir Abudayeh, han negado que se conocen. El desafío de la Fiscalía es demostrar que se conocen y tuvieron un acuerdo presuntamente fuera de la ley.

Cabe mencionar que para que la acusación fiscal prospere, no basta con demostrar la relación entre las personas implicadas, se debe probar que el mandatario pidió contratar a determinada empresa.

Asimismo, Petroperú debe evidenciar que compró biodiésel B100 sobre bases técnicas.