Gobierno crea comisión para atender a deudos y víctimas de marchas de noviembre y diciembre de 2020

El último sábado, el presidente de la República, Pedro Castillo, y la primera ministra, Mirtha Vásquez, firmaron una resolución suprema que crea una comisión multisectorial que atenderá a los deudos y víctimas de las marchas del 10 y 14 noviembre y del 1 y 3 de diciembre del 2020.

Como se recuerda, durante las marchas de noviembre del año pasado, murieron los jóvenes Inti Sotelo y Bryan Pintado, por lo cual la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, abrió una indagación preliminar contra el exmandatario Manuel Merino de Lama, el ex jefe del gabinete Ántero Flores-Aráoz y el exministro del Interior Gastón Rodríguez.

A través de Twitter, la titular del Consejo de Ministros dijo que "hechos como los del #14N no deben volver a repetirse" y por eso con la medida anunciada por la PCM, el Estado se hace responsables de las víctimas y familiares "que fueron afectados cuando ejercían su derecho a la protesta. 

El Tribunal de Disciplina de la Policía Nacional ordenó anular la resolución que tomó la Inspectoría General de archivar el proceso que se le seguía a las 11 policías implicados en las represiones policiales durante la marcha contra el breve mandato de Manuel Merino.

Ronald Gamarra, abogado de los familiares de Inti Sotelo y Bryan Pintado, informó de esta decisión a través de su cuenta de Twitter este sábado.

“Se acabó la impunidad. Tribunal de Disciplina Policial declara nulidad de disposición de inicio del procedimiento administrativo contra miembros de Policía Nacional por hechos de noviembre 2020, y de resolución de Inspectoría General que los absolvió. Ordena que todo se inicie de nuevo”, informó.

Horas antes, el ministro del Interior, Avelino Guillén, había lamentado que la investigación que se le seguía a 11 agentes policiales fuer archivada en segunda instancia.

Los familiares de los dos jóvenes fallecidos hace un año por disparos de la Policía durante las protestas contra el exgobernante Manuel Merino reclaman un antejuicio político (la retirada de su inmunidad legal), cuando se aproxima el aniversario de la oleada de manifestaciones que causaron la caída de su efímero gobierno.

Durante una conferencia de prensa que fue organizada por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (Cnddhh), los familiares y la defensa legal de Inti Sotelo y Bryan Pintado urgieron a las autoridades peruanas a avanzar con el antejuicio político, un proceso por el cual el Congreso debe aprobar la retirada de la inmunidad de Merino.

Además, señalaron que se debe cumplir con la obligación de "investigar, juzgar y sancionar tanto en el ámbito penal como administrativo y disciplinario" a los responsables de la muerte de estos jóvenes.

"Prácticamente hemos cumplido un año y hasta día de hoy no se ha encontrado justicia. No podemos vivir el luto que quisiéramos. Nos hemos quedado con es sinsabor del anterior gobierno", declaró Oscar Pintado, el padre de Bryan.

Por su parte, los abogados Ronald Gamarra y Carlos Rivera reconocieron la labor y el "avance significativo" del Ministerio Público, que logró formalizar la investigación preparatoria y presentar la denuncia penal contra Merino, el exprimer ministro Ántero Flores-Aráoz y el exministro del Interior Gastón Rodríguez por la presunta comisión de los delitos de homicidio, lesiones graves y leves.