Recursos de nulidad del fujimorismo carecen de argumentos para demostrar un fraude electoral
La candidata Keiko Fujimori pretende la anulación de 802 mesas electorales; sin embargo, investigación de La República revela que carecen de los argumentos necesarios.
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La República revisó dónde presentaron la mayor cantidad de demandas. Curiosamente, fue en los departamentos donde el candidato de Perú Libre, Pedro Castillo, ganó con amplia diferencia a la candidata de Fuerza Popular, según los resultados de la ONPE al 100% de actas procesadas.
En la región Ayacucho, el partido fujimorista presentó 214 recursos de nulidad. Perú Libre obtuvo allí el 86,64% de votos y Fuerza Popular 17,35% en esta segunda vuelta. Similar situación se presenta en Huancavelica, donde hubo 92 demandas y la izquierda obtuvo el 84,83% y el fujimorismo el 15,16%. En Chota, Cajamarca, Fujimori Higuchi interpuso más de 70 expedientes de nulidad.
Los argumentos de Fuerza Popular giran sobre presuntas firmas falsas en las mesas de sufragio, números de DNI mal registrados y parentesco entre los miembros de mesa.
La noche de ayer, los jurados electorales especiales de las regiones Lima, Moquegua, Loreto y Cajamarca rechazaron cuatro impugnaciones del fujimorismo. Los fallos refutaban los argumentos del vocero de Fuerza Popular, Miguel Ángel Torres, y los consideraban como una solicitud fuera de tiempo.
La nulidad solo puede pedirse hasta tres días después de los comicios generales. Es decir, el plazo venció el 9 de junio, según los juristas consultados para este informe. Las resoluciones serán apeladas, en caso no favorezcan a la candidata Fujimori. Y será el pleno del JNE quien tenga la última palabra.
Los expertos consideran que es inminente que la mayoría de estas solicitudes serán declaradas infundadas por ser extemporáneas y por falta de evidencias.
“Lo que yo veo absolutamente claro es que los hechos que pueden determinar una posible afectación tienen que necesariamente estar advertidos en la jornada electoral, por eso el artículo 276 de la Ley Orgánica de Elecciones establece de forma precisa que los hechos no pueden insistirse después del acta de escrutinio, cualquier hecho que pueda haber afectado y no esté en el acta no vale”, precisó el exvocero del JNE Jorge Jáuregui.
Enith Pinedo, abogada en temas electorales, opinó en la misma línea. Considera que es difícil que cambie el rumbo electoral pese a la insistencia del partido naranja. “Yo dudo mucho que se volteen los resultados porque algunas solicitudes ya son extemporáneas y a otras no les corresponde ir al JNE”, recalcó.
Pinedo refirió que la tesis de un posible fraude implica que se demuestre el delito de cohecho o un soborno. El Jurado no tiene facultades para determinar si algún personero o miembro de mesa cometió algún delito penal. Esa función, añadió, le compete al Ministerio Público.
En la historia de nuestros procesos electorales no se ha visto un aluvión de impugnaciones como las presentadas por Fuerza Popular. Para Jáuregui, esto es inédito, pero también peligroso, porque pone en tela de juicio la seguridad jurídica y el manejo institucional de los comicios. “Pretenden crear desconfianza con argumentos sin fundamento”, alegó.
Fujimori había apelado a esta medida con el fin de sobrepasar a su contendor de Perú Libre, en vista de que la tendencia de los resultados de la ONPE reflejaban que iba a perder por tercera vez. En total, Fuerza Popular busca anular los votos de 802 mesas de sufragio, donde yacen más de 200.000 votos. Castillo le lleva 70.000.
