Manuel Merino, Ántero Flores Aráoz y Gastón Rodríguez; miembros del renunciante Gobierno de facto, podrían ser condenados hasta a 35 años de prisión luego de haber sido denunciados por delitos que implican severas violaciones a los derechos humanos.
Así lo estimó el abogado del Instituto de Defensa Legal, Carlos Rivera Paz, quien en diálogo con EFE indicó que esta pena podría darse por el delito más grave por el que fueron demandados ante la Fiscalía de la Nación: homicidio calificado.
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"La ley penal peruana determina que se sanciona con una pena mínima de 15 años y podría llegar a una pena de 30 o 35 años, eso ya va a quedar en manos del Poder Judicial”, refirió el letrado.
La querella se extiende al director general de la Policía Nacional, Orlando Velasco, y al jefe de la Región Policial Lima, Jorge Luis Cayas, y los jefes operativos y agentes antidisturbios encargados de la represión que dejó como saldo 94 heridos y dos fallecidos.
“Hay un hecho concreto que se puede verificar: Merino, Flores Aráoz y Rodríguez fueron parte de una cúpula de poder que tomó decisiones con la finalidad de reprimir los actos de manifestación pública y protesta que se produjeron”, explicó Rivera.
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Los ocho organismos de derechos humanos que efectuaron la denuncia también piden la investigación contra los acusados por los delitos de abuso de autoridad y lesiones graves. En la misma, se solicitan diligencias sobre el uso de la fuerza injustificada, gases lacrimógenos y perdigones; pese a que las marchas fueron pacíficas.
El violento accionar policial le costó la vida a Jack Bryan Pintado Sánchez, de 22 años, e Inti Sotelo Camargo, de 24, quienes murieron tras recibir múltiples impactos de proyectiles por armas de fuego.
Con información de: EFE.
