Después de que el magistrado del Tribunal Constitucional José Luis Sardón afirmara que el fiscal José Domingo Pérez tenía responsabilidad por el suicidio del expresidente Alan García, la autoridad solicitó garantías para su vida y la de su familia porque ha comenzado a recibir numerosas amenazas de muerte.
En un oficio dirigido al fiscal superior Rafael Vela, coordinador del Equipo Especial Lava Jato, Pérez pidió que por su intermedio “se adopte las medidas necesarias para garantizar el desarrollo de su función, así como la protección de su familia”.
José Domingo Pérez es titular del primer despacho que se encarga exclusivamente de las investigaciones de los delitos vinculados con corrupción de funcionarios por el caso de la empresa brasileña Odebrecht. También investiga las presuntas aportaciones ilícitas recibidas por Keiko Fujimori en las campañas presidenciales del 2011 y 2016.
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El fiscal hizo mención a que el 17 de mayo de 2021 cursó un informe al despacho del fiscal coordinador Rafael Vela, indicándole que era objeto de una campaña de hostigamiento y amenazas en su contra por el suicidio del exmandatario García. Le atribuyen falsamente haber sido parte de una conspiración para que el exjefe de Estado se sintiera acorralado y decidiera terminar con su vida.
El 17 de abril de 2019, Alan García se disparó en la cabeza en el interior de su domicilio. Fue cuando el fiscal de Lavado de Activos, Henry Amenabar Almonte, del despacho de José Domingo Pérez, y agentes de la División de Investigación de Alta Complejidad (Diviac), ingresaron en la residencia para detenerlo por su vinculación con los sobornos de Odebrecht.
El fiscal Pérez advirtió que el magistrado José Luis Sardón de Taboada se ha ofrecido como testigo en el juicio oral acerca sobre su vinculación con la Asociación Civil de Reflexión Democrática, con la finalidad de la obtención de financiamientos a los candidatos del partido político Fuerza Popular, entre ellos Keiko Fujimori, lo cuales son acusados por el delito de crimen organizado, lavado de activos, obstrucción a la justicia y falsa declaración en proceso administrativo.
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En su informe, el fiscal José Domingo Pérez refiere que el 23 de noviembre de 2020, el Tribunal Constitucional emitió sentencia en un expediente del Gobierno Regional de Junín. Y que durante el fundamento de su voto, el magistrado José Luis Sardón hizo alusiones sobre la actuación del fiscal Pérez en el caso de Alan García y lo responsabiliza por el suicidio de este.
En esa ocasión, Sardón dijo: “La presunción de inocencia requiere la protección y el respeto a todas las personas sometidas a una investigación o juicio. La Constitución y la ley obliga a las autoridades otorgarle un trato digno y no presentarlo como culpable, mientras no haya una sentencia condenatoria firme”.
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Y añadió: “La práctica de exhibir públicamente a personas investigadas o procesadas con esposas en las muñecas afectan la presunción de inocencia y convierte a la administración de justicia en un espectáculo circense abominable. Quienes incurren en ella deben ser castigados ejemplarmente, así cuenten con el aplauso fácil de la prensa o las redes sociales. (…) Dicha práctica puede presionar a las personas o adoptar medidas extremas, como ocurrió con el dos veces expresidente constitucional de la República, Alan García Pérez”.
A raíz de estos fundamentos públicos del magistrado José Luis Sardón, se ha reanudado una campaña de amedrentamiento y amenazas por las redes sociales en agravio del fiscal José Domingo Pérez.
(Con información de Doris Aguirre/LR)
