El 1 de enero del nuevo año, el presidente de la República, Pedro Castillo, autorizó, través de la promulgación de la ley Ley Nº 31388, ampliar hasta el 2024 el proceso de formalización minera, pese a la oposición del Ministerio del Ambiente (Minam).
Como se recuerda, a mediados de diciembre, el Congreso aprobó la norma, la cual se envió al despacho presidencial para decidir sobre esta. Las facultades de Pedro Castillo le permitían o promulgar la ley, observarla o simplemente rechazarla.
Tras la aprobación del Congreso de la República sobre este proyecto, el Minam envió un comunicado alertando que esta medida no asegura la aplicación de salvaguardas ambientales ni sociales.
“No incentiva a aquellos mineros que avanzaron en sus procesos de formalización, mientras que podría incluir a los mineros que han sido suspendidos por incumplir con sus obligaciones básicas”, criticó.
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Por otro lado, presentaron como precedente las ampliaciones que ellos habían promulgado, y que pese a su inscripción, "no se demostró cambios en las prácticas de explotación".
"En consecuencia, las ampliaciones sin compromisos ni obligaciones claras son un retroceso para la prevención y adecuada gestión social y ambiental de la minería informal", concluyó el Minam.
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Durante el plazo de vigencia de este proceso de formalización, el Poder Ejecutivo, por medio del Grupo de Trabajo Multisectorial, deberá concluir el proceso de elaboración de la Política Nacional Multisectorial de Pequeña Minería y Minería Artesanal y desarrollar las acciones necesarias para su implementación.
De acuerdo con la norma, el Ejecutivo, mediante el Ministerio de Energía y Minas (Minem) tiene un plazo de 180 días hábiles, contado a partir del día siguiente de la publicación de la ley, para presentar al Parlamento la propuesta normativa Ley de Pequeña Minería y Minería Artesanal.