Torres: “Se tiene que recurrir al TC. El Congreso, al limitar la cuestión de confianza, ha roto el equilibro de poderes”
El martes 19 de octubre se aprobó por insistencia ley que limita cuestión de confianza.
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Aníbal Torres, titular del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, no se quedó callado y se pronunció luego que el Congreso de la República aprobara por insistencia ley que limita cuestión de confianza.
El ministro aseguró que la decisión que tomó el Congreso rompe el equilibrio de poderes entre el Ejecutivo y Legislativo, y con esto están vulnerando la Constitución, por lo que van a recurrir al Tribunal Constitucional (TC).
“Una vez publicada la ley, lo harán mañana o pasado, se tiene que recurrir al Tribunal Constitucional. El Congreso, al limitar la cuestión de confianza, ha roto el equilibro de poderes entre el Ejecutivo y el Legislativo, por lo tanto, ha infringido la Constitución, por lo que no tiene capacidad moral para cuestionar a nadie. Vivimos una situación de hecho, no de derecho”, declaró a La República.
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Cabe resaltar que Aníbal Torres ya había adelantado que el Congreso no puede modificar la cuestión de confianza a través de una ley.
“A la ley modificatoria la denominaron ‘ley interpretativa’, luego ‘ley de interpretación auténtica’ y ahora ‘ley de desarrollo constitucional’. Con ninguna de estas modalidades se puede modificar la Constitución, hacerlo constituye fraude a la ley”, escribió el ministro en su cuenta oficial de Twitter.
Sin embargo, el Congreso siguió con su agenda y por ello, el martes 19 de octubre, la titular de la Comisión de Constitución, Patricia Juárez, sustentó el proyecto de ley.
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Tras esto, el Pleno aprobó con 79 votos a favor, 43 en contra y 3 abstenciones la mencionada norma, la cual limita la cuestión de confianza que puede presentar el Gobierno.
De acuerdo con la ley aprobada, la cuestión de confianza puede ser usada por el Ejecutivo solo en materias de su competencia, “no encontrándose, entre ellas, las relativas a la aprobación o no de reformas constitucionales ni las que afecten los procedimientos y las competencias exclusivas y excluyentes del Congreso”.
