Defensoría del Pueblo exige el cese inmediato de la inmovilización social: “Es inconstitucional”

A través de un comunicado público, que compartieron en sus redes oficiales, la Defensoría del Pueblo calificó de "inconstitucional" la decisión del Gobierno de decretar inmovilización social obligatoria para hoy martes 05 de abril.

Como se recuerda, en un mensaje de la Nación del presidente Pedro Castillo ayer minutos antes de la medianoche, desde las 02:00 horas, hasta las 23:59 horas de hoy, no se puede circular en Lima y Callao.

Inmediatamente, la Defensoría del Pueblo, lamentó que la orden de inamovilidad no toma en cuenta los "severos impactos" que causarán en los trabajadores del país.

"La medida adoptada por el Poder Ejecutivo es inconstitucional por la ausencia de una debida motivación. Por ser absolutamente desproporcionada en relación a los hechos de protesta social registrado en Lima y Callao", explicó.

Del mismo modo, precisó que el Tribunal Constitucional "en reiterada jurisprudencia" ha señalado que los estados de emergencia y las medidas que se imponen a su amparo deben responder de forma inexcusable a los criterios de proporcionalidad y necesidad.

"Estas exigencias no se cumplen en el presente caso, pues no se ha expresado, razón alguna que justifique una inmovilización social tan estricta ni se ha señalado de qué forma la misma contribuirá a preservar el orden social", puntualizaron.

Por otro lado, la Defensoría del Pueblo aclaró que su manifiesto es en cumplimiento de su mandato constitucional de protección de derechos fundamentales y supervisión de la buena marcha de la administración pública.

Pero eso no es todo, la Defensoría del Pueblo detalló que dicha orden, no toma en cuenta los "severos impactos" que causarán a las trabajadoras y los trabajadores del país.

"La mayoría de los cuales laboran en condiciones de informalidad, razón por la que su derecho al trabajo se verá afectado lo mismo que otros derechos como a la alimentación, salud, educación", subrayó.  

Para ser más explícitos, agregó que las consecuencias de esta medida serán aún más dañinas y generarán alarma en la población en unas circunstancias en las que se necesita calma y serenidad para resolver el conflicto generado a raíz de las demandas de los transportistas y los agricultores.

"La forma intempestiva en que ha sido tomada la medida viola, además, el deber de previsibilidad jurídica que todo Estado debe tener hacia la ciudadanía. Cabe señalar que ni el Estado de Emergencia ni la orden de inamovilidad pueden limitar las funciones constitucionales y legales de la Defensoría del Pueblo. Nuestra institución continuará prestando sus servicios a la ciudadanía", manifestó.

Dato

La Defensoría del Pueblo sostiene enfáticamente que el Poder Ejecutivo debe dejar sin efecto la medida de forma inmediata.