Congreso: Grupos conservadores manipularían los textos escolares del Minedu

La Educación Sexual Integral (ESI) y el enfoque de igualdad de género se encuentran en riesgo por el dictamen del Proyecto de Ley N° 904 presentado por Renovación Popular.

La propuesta no solo afectaría la educación de calidad en las escuelas, también atenta contra el rol rector del Ministerio de Educación (Minedu) en su capacidad de ordenar el contenido de los materiales y textos escolares.

La propuesta que llegó a la agenda del Pleno del Congreso ordena que el material educativo que forma parte del currículo nacional deberá ser revisado por determinadas organizaciones de padres de familia, donde se encuentran sectores conservadores y ultraconservadores.

A dicho sector le brindan la potestad de sancionar, destituir y dejar paralizada la difusión de libros en caso no se cumpla con el acuerdo sobre el material educativo.

El promotor de la propuesta es el parlamentario Esdras Medina, representante de Renovación Popular y una figura visible en el colectivo ultraconservador Con Mis Hijos No Te Metas. Es por ello que los ministerios de Educación, Mujer y la Defensoría del Pueblo mostraron su rechazo y solicitaron que se reconsidere su votación en la Comisión de Educación.

“Representa un grave riesgo al desarrollo de la política educativa y establece la posibilidad de bloquear la distribución de materiales, si no siguen lineamientos que distorsionan los derechos a la igualdad y el respeto de todos y todas”, precisó el Ministerio de la Mujer.

El proyecto presentado por el congresista de Renovación Popular propone impulsar "la calidad de los materiales educativos", lo cual se logrará a través de la participación de los padres en el proceso de elaboración.

Dentro de este sector se encuentran las asociaciones civiles constituidas en registros públicos u otras instancias de representación.

Es importante mencionar que, la viabilidad de esta iniciativa fue consultada por el grupo de posición conservadora frente a la Educación Sexual Integral y el enfoque de género.

Entre ellas se encontraban la Coordinadora Nacional Profamilia, la Coordinadora por la Vida de Arequipa, la asociación Origen-Vanguardia y Cambio Cultural, de Giuliana Caccia, opositora al enfoque de género.

De este modo se estableció la iniciativa de "vigilancia de calidad" del Minedu para garantizar el “pleno respeto a la libertad religiosa o convicciones morales de los educandos y de los padres”.

Cabe resaltar que, anteriormente un colectivo conservador interpuso una demanda contra el enfoque de género en el currículum escolar, el cual fue declarado infundado por el Poder Judicial.

El Minedu deberá notificar a la Comisión de Educación, al defensor del Pueblo y a las organizaciones su proyecto de texto. Luego del aviso, tendrán un plazo de 10 a 20 días para recibir los comentarios de los padres de familia, quienes podrán enviar textos alternativos para las escuelas.

Finalmente, se deberá comunicar el resultado de su análisis con las organizaciones y ver la conformidad del mismo para entregar los textos a los escolares.

En caso el Ministerio de Educación decida publicar los textos sin previa consulta a los padres, la propuesta establece que el funcionario podría ser sancionado con una suspensión de 3 años de suelto o incluso ser destituido.

Asimismo, podrán impugnar los textos que vayan "en contra de sus principios". De este modo, los libros ya no podrán ser distribuidos ni expuestos a los estudiantes. Esta modalidad también aplicaría para los textos que ya son usados en las escuelas para que se ejerza la participación de los padres en el contenido educativo para los estudiantes.

El Ministerio de Educación no se mostró conforme con lo que establece la norma, ello al mencionar que el sector siempre consulta a los padres de familia e instituciones para tener un enfoque territorial y diverso. Por ende, señalan que dicha iniciativa debe ser considerada.

Asimismo, la exministra Marilú Martens enfatizó que la elaboración de los materiales del currículum cuenta con un proceso consultivo. “Sí hay participación activa, pero no son los que deciden qué debe incluirse. Es el ente rector quien recoge el valioso aporte y lo aprueba”, mencionó.

Con respecto al proyecto, Martens señala que la opción de definir los valores morales en las escuelas está promovida por cierto grupo que siempre ha peleado por excluir ciertos derechos. “Quienes lo impulsan siempre han peleado por excluir el derecho de la no discriminación de mujeres y hombres en la formación educativa”, comentó.

Con respecto a la Defensoría del Pueblo, ellos señalan que la propuesta instaura un "derecho al veto" de los progenitores sobre los textos escolares. “El TC ha señalado que el derecho a participar en el proceso educativo no implica que padres puedan reemplazar al Estado en sus funciones”, enfatizaron.

Asimismo, señalaron que la opinión de políticas públicas no puede estar condicionada a la opinión subjetiva de un sector. Por ello el proyecto de ley debe ser archivado.

Con información de La República

VIDEO RELACIONADO