Anulan obra del Consorcio Puente Tarata vinculado con Karelim López

La entidad Provías Descentralizado anuló el contrato con el Consorcio Puente Tarata III para la construcción de un puente vehicular sobre el río Huallaga, en Ayacucho. Como se recuerda, la empresa está vinculada a la empresaria Karelim López, la cual mantuvo reuniones con el presidente Castillo.

Al respecto, la resolución firmada por el director ejecutivo de Provías, José Luis Pino Cárdenas, anuncia que las denuncias periodísticas motivaron que el órgano procediera en su oportunidad de iniciar las propias gestiones de fiscalización.

“(Las denuncias periodísticas motivaron) que el órgano encargado de las contrataciones de Provías Descentralizado procediera en su oportunidad a iniciar las gestiones propias de la fiscalización a posteriori que se debía realizar a los documentos presentados en su oferta por parte del Consorcio Puente Tarata III", señalaba el inicio de la resolución directoral.

La decisión fue anunciada el 14 de enero en contra del consorcio asesorado por López, quien registró una serie de visitas a Pedro Castillo en Palacio de Gobierno y en la casa de Breña. Asimismo, el propio mandatario admitió las reuniones con la lobista.

Es por ello que, en parte del anuncio estipularon que se fiscalizaría la documentación presentada ante la entidad para formalizar el contrato.

En el documento también se menciona que se vulneró la Ley de Contrataciones del Estado en dicho proceso, ello tras la investigación periodística en torno a las empresas que compitieron en la licitación.

Al respecto se reveló que ambas compañías pertenecen al empresario Marco Antonio Pasapera, quien buscaba ganar la obra de S/ 232,5 millones.

Es importante mencionar que, los consorcios Corporación Imaginación S.A.C. y Termirex S.A.C., ambos del mismo dueño, disputaron la millonaria suma por la obra del puente Tarata. Finalmente, la empresa ganadora fue Terminex, la cual está relacionada con Karelim López.

Al respecto, la decisión final sobre la licitación fue anular el proyecto por la presunta transgresión del principio de presunción de veracidad.

Además, también señalan “la configuración de impedimento para contratar con el Estado por pertenecer el postor adjudicado y el segundo postor en orden de prelación al mismo grupo económico”.