Padre de Bryan Pintado pide aprobar antejuicio contra Manuel Merino

El 14 de noviembre del 2020 las calles se levantaron en contra se la asunción al poder de Manuel Merino De Lama, el entonces presidente del Congreso de la República. En ese periodo dos jóvenes, Inti Sotelo y Bryan Pintado, perdieron la vida por el accionar de la policía contra ellos.

A la fecha, el Ministerio público ya investigó y definió responsabilidades en Merino De Lama, el expremier Flores Aráoz y el exministro del Interior Rodríguez. Es así como se derivó a una acusación constitucional que desde el mes de octubre permanece en el Legislativo sin respuesta. Al respecto, el padre de Bryan, Óscar Pintado, solicitó a los congresistas que autoricen la denuncia constitucional.

“Hay un informe en el que hay documentos, fotos, evidencias, grabaciones, testimonios de personas que también asistieron a las marchas. Pero esto tiene que pasar por la aprobación del Congreso, donde muchos no tienen empatía con lo que hemos sufrido”, expuso Killa Sotelo.

En la misma línea, ella también demandó al Parlamento aprobar la acusación constitucional, además, solicitó una investigación en todos los casos que se haya registrado agresiones en las protestas sociales. Killa Sotelo recordó que el día de la marcha su hermano solo llevaba el casco de su bicicleta, una vasija para desactivar las bombas lacrimógenas y unos guantes.

“Vamos a seguir unidos y exigiendo las reparaciones y sanciones debidas”, afirmó.

Hace tres semanas la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva calificó de exagerada la denuncia presentada contra Manuel Merino por la fiscal de la Nación. Al respecto, el padre de uno de los fallecidos en el régimen, Óscar Pintado le exhortó que no brinde ese tipo de declaraciones.

“Cuando hable acerca de nuestros hijos, de los heridos y los fallecidos, no diga que están exagerando (...) Dos chicos que han fallecido, no es cualquier cosa... Una exageración es terruquear a los chicos porque salen a las protestas", aseveró contra la representante del Congreso.

Además, la invitó a ir a la puerta del cementerio donde está enterrado su hijo producto de las irregularidades ocasionadas por Merino Lama.

Ronald Gamarra y Carlos Rivera, abogados de las familias, recalcaron que el Estado debe garantizar la protesta al estar estipulada como un derecho constitucional. Por ende, este derecho fue transgredido en las marchas contra Merino ante el uso excesivo de la fuerza.

Garama alertó que la Policía habría archivado el caso contra los policías que participaron en la represión, dejando de lado la imparcialidad. En un contexto distinto, el abogado destacó el labor de los discales al investigar los sucesos con idoneidad.

Por su lado, Rivera destacó el reconocimiento de 80 agraviados durante la protesta. Asimismo, aclaró que está sentando las bases para hacer una acusación contundente para determinar las responsabilidades penales.

La abogada de la Coordinadora Nacional de los Derechos Humanos, Mar Pérez, señaló que  27 de los 79 manifestantes fueron heridos de gravedad y presentan secuelas severas. Este es el caso de John Cordero, quien quedará en silla de ruedas a sus 20 años por la excesiva represión policial.

“La Fiscalía está haciendo un buen trabajo, pero para tener una sentencia tenemos que esperar casi 10 años como en otros países. Hay dos investigaciones: una es contra las autoridades políticas y otra para los mandos policiales. Pueden interponer recursos”, comentó.

Cabe resaltar que, mañana se realizará un plantón ante el Congreso a las 3 p.m. para exigir la denuncia constitucional contra los principales responsables de las muertes y heridos en noviembre del 2020. Además, el sábado se llevará a cabo una movilización que partirá desde Plaza San Martín.