Gobierno llega a un acuerdo con clínicas privadas para atender a pacientes COVID-19
Así sea uno, dos o 30 días, la estadía en una clínica privada para un paciente COVID costará 55 mil soles. Este y más detalles del acuerdo en las siguientes líneas.
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Las negociaciones entre el Gobierno de Martín Vizcarra y el consorcio de clínicas llegaron a buen puerto y se acordó fijar una tarifa plana por atender a los pacientes con coronavirus referidos de hospitales públicos.
Ahora, todo aquel que tenga que tratarse por COVID-19 en una clínica deberá pagar 55 mil soles por internarse, independientemente al tiempo que permanezca en ellas, según el doctor Max Hernández, presidente del Acuerdo Nacional y mediador en este conflicto.
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“Se planteó un monto plano de 55 mil soles, sea por el periodo que sea, que puede ser desde un día o dos días o hasta más de 30 días”, indicó el intermediario entre el Ejecutivo y el consorcio de clínicas.
“Se planteó también una continua revisión para poder ver cómo estratificar más eficientemente según la estancia, se ha buscado un contrato estándar que permita que todas las clínicas puedan estar articuladas en ese sentido”, agregó.
En la reunión para acordar la tarifa plana también participaron el arzobispo de Lima, monseñor Carlos Castillo, y representantes del Ministerio de Salud y del Ministerio de Economía y Finanzas.
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“Se ha buscado un contrato estándar que permita que todas las clínicas puedan estar articuladas en ese sentido y la cifra que puede parecer muy alta de 55 mil soles va repartida entre los costos médicos, costos de medicamentos, etc. Y se han buscado una serie de cambios sumamente importantes”, explicó el doctor Max Hernández.
Otros detalles
Sobre las deudas ya adquiridas con las clínicas privadas, Max Hernández sostuvo a América Noticias que se ha planteado “que se va a buscar una ruta de solución para el stock de pacientes atendidos”.
Es de resaltar que si no llegan a un consenso en las próximas reuniones, el mandatario indicó que haría ejercicio del artículo 70 de la Constitución Política del Perú mediante el cual puede privar de la propiedad a estos centros de salud por “necesidad pública”.
