Padres de Brunella Horna son investigados por presunto lavado de activos vinculado a contratos en EsSalud
Fiscalía investiga a los padres de Brunella Horna por presunto lavado de activos vinculado a contratos millonarios con EsSalud en Lambayeque.
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El entorno familiar de Brunella Horna volvió a quedar bajo la atención pública luego de conocerse que la Fiscalía investiga a sus padres, Gustavo Horna y Juliana Bocanegra, por presunto lavado de activos en agravio del Estado. El caso está relacionado con contratos otorgados por EsSalud para servicios de abastecimiento en hospitales de Lambayeque.
De acuerdo con la información difundida, las pesquisas alcanzan a consorcios vinculados al entorno de la familia Horna que habrían obtenido adjudicaciones millonarias. Uno de los contratos bajo revisión supera los S/2 millones y corresponde al hospital Heysen, mientras que otro, valorizado en más de S/500.000, está relacionado con el hospital Arbulú de Ferreñafe.
El caso ha generado repercusión no solo por el monto de los contratos, sino también por los vínculos familiares y políticos alrededor de los investigados. Brunella Horna es esposa de Richard Acuña, hijo de César Acuña, líder de Alianza para el Progreso, lo que volvió a poner el foco en posibles conexiones entre empresas privadas, entorno político y entidades públicas.
Según el informe periodístico, la Fiscalía y la Policía buscan determinar cómo se habrían adjudicado estos contratos y si existió algún direccionamiento para favorecer a empresas relacionadas con el círculo cercano de los padres de la exconductora de televisión.
Uno de los nombres mencionados es el de Magna Sánchez Terán, allegada a la familia Horna, quien figura como accionista de Inversiones de Alimentos del Norte. Esta empresa integró uno de los consorcios que obtuvo contratos observados para el servicio de alimentación hospitalaria.
El punto que más llamó la atención es que la razón social de dicha compañía estaría vinculada a una empresa de confecciones de Juliana Bocanegra, madre de Brunella. Según lo expuesto, la firma no habría contado con experiencia previa en el rubro de alimentación para hospitales, lo que incrementó las dudas sobre el proceso de contratación.
Empresas y allegados en la mira
La pesquisa también incluye a otras personas vinculadas a las empresas que participaron en las adjudicaciones. Entre ellas aparece Geraldín Salvo, gerente general de FID, señalada como socia mayoritaria del consorcio que obtuvo la buena pro.
Otro de los nombres mencionados es Luis Dávila, vinculado a la misma compañía. Además, figura Jorge Ferré Pita, accionista de una de las empresas investigadas y trabajador de una boutique relacionada con Brunella Horna.
En el caso también aparece Erika López Cajas, administradora de EsSalud en Lambayeque, quien ya había sido cuestionada públicamente por su gestión. Durante protestas recientes, ciudadanos incluso llevaron un burro como símbolo de rechazo a su administración y a los contratos que ahora están bajo investigación.
La difusión del caso reavivó las críticas sobre la presencia de personas cercanas a Alianza para el Progreso en áreas relacionadas con EsSalud. Según el informe, ya existían antecedentes de cuestionamientos por vínculos políticos dentro del sector Salud.
Por ahora, el caso se mantiene en curso y será el Ministerio Público el encargado de establecer si hubo irregularidades, direccionamiento de contratos o participación directa de los implicados.
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Documento fiscal revela a los implicados
El reportaje también mostró parte del documento fiscal en el que aparecen los nombres de Gustavo Rodolfo Horna Novoa y Juliana Rocío Bocanegra Manrique, padres de Brunella Horna, junto con empresas y consorcios relacionados con las contrataciones observadas.
La investigación se desarrolla por la presunta comisión del delito de lavado de activos en agravio del Estado. La hipótesis fiscal apunta a determinar si los contratos con EsSalud habrían sido direccionados para beneficiar a empresas vinculadas al entorno de la familia Horna.
Hasta el momento, el caso continúa en etapa de investigación. Las autoridades deberán establecer cómo se realizaron las adjudicaciones, qué rol cumplió cada persona mencionada y si los contratos otorgados en Lambayeque cumplieron con los requisitos legales correspondientes.
