El congresista de Fuerza Popular, Jorge Morante, volverá a sustentar el Proyecto de Ley N° 399/2021-CR que busca alterar la prohibición de la fabricación, comercialización y uso de envases de tecnopor.
Este tipo de productos, que poseen sustancias dañinas para la salud cuando entran en contacto con el calor, fueron restringidos tras promulgarse la Ley 30884, normativa que lo regula a un solo uso desde diciembre de 2021.
Cabe señalar que la mencionada ley fue publicada en diciembre de 2018 con el fin de reducir su impacto en el medio ambiente generado por su consumo, fabricación, distribución e importación.
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La especialista legal del Programa de Política y Gobernanza Ambiental de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), Fátima Contreras, lamentó que la bancada fujimorista impulse medidas que desaliente a las empresas seguir apostando por productos ecoamigables.
"El proyecto de ley no solo es un intento para retroceder los esfuerzos de la misma industria sino implicaría también un desincentivo a que más empresas puedan lograr el cambio en su matriz industrial", señaló a Actualidad Ambiental.
"La norma causaría un gran impacto negativo porque perjudicaría los intentos para reducir la generación de este tipo de residuos. El Congreso debería enfocarse en cómo construir una legislación que ayude a la industria y efectivice la ‘Ley de Plásticos'", agregó.
A través del proyecto de Ley 399/2021-CR, la bancada de Fuerza Popular ha planteado prorrogar por dos años "la vigencia" de la prohibición para la fabricación de este producto en torno al consumo interno, importación, distribución, entrega, comercialización y uso de recipientes o envases y vasos poliestireno expandido (tecnopor) paa alimentos y bebidas de consumo humano.
El plazo fue establecido, desde la promulgación de la ley en 2018, por 36 meses. Es decir, ya venció el tiempo para que este producto salga del mercado para el consumo humano en diciembre de 2021.
Pero para esta ocasión, el congresista fujimorista Jorge Morante ha propuesto dejar sin efecto esta medida y aumentar el plazo de su existencia, en otras palabras, hasta el año 2024.
Se fundamenta en que, los 36 meses, no es el tiempo suficiente para que los micro y pequeños comerciantes puedan solventarse en sus negocios, más aún que la economía nacional se terminó afectando por la pandemia del COVID-19.
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Asimismo, explicó que durante la emergencia sanitaria, los ventas por delivery han aumentado exponencialmente, por lo que prohibir la compra de estos productos para los empresarios de gastronomía sería atentar contra ellos.
"Suspender innecesariamente la aplicación de una norma como esta significaría un gran retroceso en los cambios de hábitos que ya se vienen instaurando en buena parte de los peruanos y peruanas", sentenció el director de Conservamos por Naturaleza, iniciativa del SPDA, Bruno Monteferri.