El Poder Judicial admitió la demanda de proceso de amparo presentada por el expresidente Martín Vizcarra Cornejo en contra del Congreso de la República, Sub Comisión de Acusaciones Constitucionales y Comisión Permanante por haberlo inhabilitado de ejercer cargos públicos durante 10 años.
Como se recuerda, el exmantario se participó en las últimas elecciones postulando al Parlamento bajo el partido de Somos Perú. Se convirtió en el legislador con mayor votación (200 mil votos), pero no pudo ejercer sus funciones debido a la sanción impuesta por la Sub Comisión de Acusaciones Constitucionales.
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Será la jueza Rocío Rabines, perteneciente al Sexto Juzgado Constitucional de Lima, quien deberá de revisar nuevamente la demanda de amparo presentada por Vizcarra Cornejo quien pretende recuperar su escaño en el Congreso.
La resolución emitida por la Primera Sala Constitucional señala que la magistrada Rabines no logró justificar adecuadamente su decisión, publicada el pasado mes de mayo del presente año, de dengar el pedido de Vizcarra para revertir la medida dictada por el Congreso.
Según el tribunal, la jueza debió de haberse enfocado en el procedimiento por el cual el Congreso inhabilitó al expresidente así como el pedido de Vizcarra. Esto se enmarca en la presunta violación a los derechos constitucionales del exjefe de Estado sobre el caso de la inoculación irregular de dosis de la vacuna Sinopharm al inicio de la pandemia de la COVID-19.
Vizcarra argumentó que este hecho no constituye ninguna infracción puesto que no están reguladas en la Constitución Política del Perú.
"Lo que se pretende es que el juez constitucional realice un control convencional y/o control constitucional de las decisiones parlamentarias cuestionadas, esto es, sobre la forma como se ha llevado a cabo el procedimiento parlamentario, control constitucional que debe realizarse respetándose la autonomía y competencia del legislador", refiere el documento.
Bajo este panorama, Rabines tendrá que delimitar si el Congreso incurrió una lesión de los derechos constitucionales de Vizcarra, garantizándole el derecho de acceso a la tutela jurisdiccional efectiva.
En caso de que sea aceptado, Vizcarra asumiría funciones como congresista desplazando a José Jerí de Somos Perú, parlamentario accesitario que tomó el lugar del expresidente tras recibir la sanción de inhabilitación.