Karelim López: Congreso la denunció penalmente y buscan levantamiento de comunicaciones y bancario
El procurador del Poder Legislativo presentó una denuncia ante la Fiscalía en contra de la empresaria por presentar prueba COVID-19 falsa.
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La mañana de este miércoles 16 de febrero, el procurador del Poder Legislativo, Manuel Eduardo Tavera Peña, presentó una denuncia penal ante el Ministerio Público contra la empresaria Karelim López Arredondo, a quien acusa de haber presentado pruebas falsas para impedir que el Congreso continúe con su labor de fiscalización por los presuntos hechos ilícitos de vulneración al principio de transparencia en el cargo del presidente Pedro Castillo y del exfuncionario Bruno Pacheco.
La acusación ante la Fiscalía se da luego que el pasado 11 de enero López decidiera presentar una prueba de COVID-19 falsificada a fin de evitar que la Comisión de Fiscalización la citara. Ante ello, el Congreso resolvió denunciarla por los delitos contra la fe pública (falsificación de documento privado y uso de documento privado falsificado), falsedad ideológica y negativa a colaborar con la administración de la justicia.
La procuraduría del Parlamento incluyó en la denuncia al enfermero Christian Vila Salcedo como presunto autor de falsedad genérica ya que, según la información recabada, él habría sido el responsable de enviar información con la supuesta prueba COVID-19 positiva al laboratorio.
Sin embargo, el informe de Cuarto Poder dio a conocer que el mismo día que se tomó la prueba antígena con el mencionado laboratorio, el Instituto Nacional de Salud registró en su sistema que Karelim López se sometió a una prueba molecular con resultado negativo.
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Karelim López: buscan el levantamiento de comunicaciones y bancario
Héctor Ventura, presidente de la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso, anunció que su grupo de trabajo planea levantar el secreto bancario y de las comunicaciones de la empresaria Karelim López.
“Frente a la negativa de acudir [presencialmente] ante la Comisión de Fiscalización es que tenemos estas facultades de llamarla de grado o fuerza (...) para que el juzgado oficie a la señora y esta venga de grado o fuerza a la Comisión de Fiscalización”, señaló Ventura a RPP.
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“Tenemos las prerrogativas del levantamiento bancario, el levantamiento de comunicaciones, donde ahí también vamos a tener sospechas graves, indicios suficientes para armar este informe que tenemos que derivarlo al Ministerio Público y que ellos continúen con las investigaciones”, agregó.
En esa línea, Ventura adelantó que la empresaria podría pasar a condición de investigada.
“Ella está en condición de testigo, pero teniendo en conocimiento los demás indicios, las demás declaraciones es que probablemente pase a condición de investigada porque hay muchas evidencias”, advirtió.